Viernes 02 de octubre de 2015
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Editorial y opiniones
¿Qué implica una política pública en justicia?
02 oct 2015
Eddie Cóndor Chuquiruna
No cabe duda que las iniciativas exitosas de reforma judicial en América Latina, con impacto positivo en la justicia y su conducción, han pasado por un proceso participativo, plural, inclusivo, progresivo, con una acción integral del Estado, bien articulada y en busca de un objetivo común.
En Bolivia, ese objetivo común está -en gran medida- determinado por la Constitución Política del Estado de 2009. Esto es, lograr una única justicia integral, con órganos paritarios, que brindan un servicio público de justicia a ciudadanos y ciudadanas, caracterizada por su independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
En ese sentido, hemos venido planteando analizar y realizar prospectiva respecto a la justicia y la implementación de aquel mandato constitucional, desde un enfoque de política pública; término que alude al conjunto de decisiones o de acciones coherentes, tomadas por las instancias gubernamentales en sus distintos niveles, la sociedad civil y las entidades privadas, a fin de resolver el problema de la crisis judicial, que tiene como una de sus principales causas la falta de una genuina reforma judicial en sus últimas décadas de vida independiente.
