El hecho de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dio a conocer su resolución por la que establece, clara y definitivamente, que tiene potestad, competencia y autoridad jurídica necesarias para conocer la demanda boliviana, ha dado lugar a que el gobierno de Chile se sienta ofendido, lastimado y, por supuesto, contrariado en sus aspiraciones de seguir imponiendo, como siempre, el derecho de la fuerza que se irroga permanentemente.
Las reacciones han sido múltiples; pero, lo sensible es que argumentan razones que caen por su propio peso como es el señalar que "la resolución implica un desafío al mundo" o, peor, decir que "Chile no cederá ni un centímetro de su territorio". El gobierno mapochino lo que buscaba, con su objeción al TSJ de La Haya, es imponer la sinrazón sobre la razón, el derecho de la fuerza contra la fuerza del Derecho que asiste a Bolivia, el consolidar ante el mundo el abuso cometido con la invasión a territorio boliviano y haberse apoderado del mismo con la inclusión de una costa de más de 400 kilómetros sobre el océano Pacífico.
El TSJ de La Haya, en las consideraciones que hace en su resolución el 24 de septiembre, muestra razones que no pueden ser impugnadas con razonamientos alejados de toda lógica, de toda norma de respeto y consideración a la justicia y de los derechos que asiste a todo país. Lamentable posición que reedita políticas practicadas siempre en contra de Bolivia que son, al fin y al cabo, reflejos de la conciencia que se tiene por las ofensas y perjuicios causados a Bolivia tan sólo para satisfacer la soberbia de grupos militares y ambiciones de riquezas que había que explotar para beneficio de ese país.
Ahora, hay que tener la seguridad en Bolivia de que Chile no cambiará ni políticas, ni actitudes, ni conductas, ni sentimientos hacia Bolivia; su gobierno, obedeciendo mandatos de los militares, continuará pertinaz en actitudes y hechos contrarios a Bolivia y, por más que hoy se cuenta con el respaldo prácticamente de la mayoría del orbe a favor de los derechos bolivianos, para el gobierno chileno no hay argumento ni razón alguna que valgan porque ellos, en su soberbia, sólo reconocen lo que a ellos conviene y satisface los remordimientos concienciales que tiene como historia y como posición política.
Es preciso que, al margen de lo que diga o haga el gobierno chileno, corresponde que los bolivianos mantengamos la unidad, la serenidad, la decencia, el pacifismo, la altura y la conciencia limpia de no haber inferido ningún daño ni a Chile ni a ninguno de los vecinos; convencidos de nuestros derechos que están enmarados en el Derecho Internacional y en la moral que sostienen nuestras esperanzas y seguridades de que más temprano que tarde, se nos hará justicia. Por supuesto, el gobierno de Chile se mantendrá en la posición recalcitrante de hoy, pese a que parte de su pueblo da la razón a Bolivia en sus demandas de retorno a lo que le perteneció.
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