Justicia internacional conocerá los casos Chaparina y Caranavi

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A cuatro años de la intervención policial a la VIII marcha indígena de tierras bajas, y a más de cinco de la represión a los pobladores del municipio de Caranavi, la defensa de las víctimas en estos dos casos coinciden en afirmar que la justicia en Bolivia está plenamente politizada y que, por lo tanto, solo quedan las instancias internacionales para juzgar a los verdaderos culpables.

Si bien en ambos casos se prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra las autoridades del Estado, no existe una fecha exacta para que ello suceda. La defensa asegura que aún está a la espera de una coordinación con algunas instituciones internacionales y que esta información no se hará pública hasta que la delegación encargada de plantear esta acusación retorne al país, una medida que asumen por cuestiones de seguridad y estrategia.

Caso Caranavi, entre el desconocimiento y el hermetismo del Ã?rgano Judicial

A más de cinco años de este suceso, tres de los inicialmente acusados: Sacha Llorenti (ex ministro de Gobierno durante el suceso y actual Embajador de Bolivia ante la ONU); �scar Nina (Ex comandante general de la Policía de ese entonces, y actualmente preso por supuestos nexos con el narcotráfico), y Gustavo Torrico (ex viceministro de Régimen Interior, y actual asambleísta departamental de La Paz por el MAS), fueron excluidos del caso y tan sólo cuatro policías de bajo rango fueron imputados.

"Esperamos la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Definitivamente no nos interesa nada de los que pueda ocurrir aquí en Bolivia, porque con este gobierno no se va a conseguir justicia", manifestó a ANF el abogado de las víctimas, Jorge Quiroz.

Según el jurista, el caso actualmente se encuentra estancado, ya que desde la salida de la fiscal asignada al caso, Patricia Santos, se desconoce un avance del proceso, o de la asignación a un nuevo fiscal para el avance del juicio.

"Probablemente haya un Fiscal, pero no se nos ha hecho conocer, o sea que hay un hermetismo terrible, por eso que nosotros no tenemos ni la más mínima esperanza de que en la justicia boliviana se pueda llegar a un acuerdo", dijo.

Quiroz aseguró que, pese al tiempo trascurrido, las familias de los fallecidos aún son instigadas por personas presuntamente simpatizantes del oficialismo, que insisten en llegar a un acuerdo, un hecho que evidencia el carácter de persecución e intimidación que impulsó el gobierno continuamente.

Finalmente, el abogado aseguró que el único recurso que queda de aquí en adelante, es la presentación de una denuncia formal ante el CIDH, lugar donde, según Quiroz, se establecerán los auténticos grados de responsabilidad de los implicados.

El caso Chaparina, otro eslabón extraviado para la justicia

Un hecho que guarda cierta semejanza con el caso Caranavi es la violenta represión a la marcha del Tipnis porque se trató de una intervención de la policía a un grupo que ejercía una medida de protesta y porque, nuevamente, el acusado inicial fue el exministro Sacha Llorenti.

El 25 de septiembre de 2011, centenares de indígenas de tierras bajas protagonizaron la VIII Marcha Indígena que se trasladaba desde la ciudad de Trinidad hasta la ciudad de La Paz, en protesta por el anuncio de la apertura de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), hecha por el gobierno. Durante su recorrido, la marcha fue brutalmente reprimida por un operativo policial que intentó interrumpir el paso de los marchistas en la localidad de Chaparina. Gases lacrimógenos y golpes fueron utilizados contra hombres, mujeres y niños, algo que generó gran consternación en la población nacional.

Fuente: La Paz, 25 (ANF).-