La denuncia hecha por el fiscal Félix Peralta acusando al cardenal Julio Terrazas de haber recibido 115.000 Bs. procedentes de la partida de gastos reservados ha levantado una ola de dimes y diretes, de información y desinformación confusión que no hace otra cosa que enredarlas más y envenenarlas. Cosa que contribuye a la confusión y no al esclarecimiento de la verdad. Por eso creo necesario poner en orden algunas ideas para dar algo de luz en medio de la confusión.
Ante todo, el caso se produce en un momento crítico en el que las elecciones de este domingo crearon un ambiente propicio para las denuncias, las calumnias, las amenazas y todo lo que llamamos guerra sucia. En este ambiente es fácil echar más leña al fuego y aumentar la confusión.
Tengo por cierto que el hecho de que una persona o una entidad reciban del Estado fondos públicos sin que en la transacción haya existido algún hecho ilegal no constituye, por sí mismo, ningún delito. El Estado administra el dinero público (de todos los ciudadanos) de acuerdo al Presupuesto General de la Nación así como de otras disposiciones administrativas oficiales. El fiscal Peralta lanzó la referida acusación, sin tomarse la molestia de cotejarla con las normas legales vigentes.
En el supuesto de que, efectivamente se hubiese efectuado la transferencia de ese dinero procedente de unos fondos públicos a una persona o entidad, religiosa o no, lo primero que debería establecerse es si el funcionario que la autorizó, obró de acuerdo a sus competencias o transgredió alguna norma legal vigente. El fiscal Peralta se saltó a la torera esta previsión.
En cualquier caso, la investigación debería orientarse específicamente a ese funcionarios, supuestamente culpable del hecho y, sólo si existieran indicios de complicidad, cohecho u otras figuras de delito, entonces sí procedería la investigación del receptor del dinero.
Hasta el momento y dado el enredo del caso, en el que se ceban algunos medios informativos, la cuestión se reduce a cotejar palabra con palabra. ¿Para Ud., lector ilustrado que aspira a ser imparcial, quién merece crédito, el fiscal Peralta o el cardenal Julio Terrazas?
Por de pronto, el cardenal se ha manifestado dispuesto a declarar ante la jurisdicción competente. Yo presupongo que esa autoridad no va a proceder bajo la consigna parcializada del Poder. Mientras que el fiscal pretendió retractarse, aunque se enredó de tal forma en sus afirmaciones y negaciones, que resultó el conocido galimatías: “donde dije dije no dije dije sino que dije Diego”. Total, Peralta dio prueba manifiesta de su falta de idoneidad para el cargo que se le otorgó.
Por último, las más altas autoridades del Estado han adoptado en sus declaraciones públicas, un tono insultante, amenazador, condenatorio que ha creado una sensación de temor y de inseguridad que la ciudadanía no merece.
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