Lo que está sucediendo desde hace varios meses, es arrastrar un proceso de incertidumbre colectiva ante las condiciones en que se desenvuelve la economía mundial y cuyo efecto se siente en el ámbito de la región sudamericana y con más fuerza en países que como el nuestro dependen de la exportación de sus materias primas, petróleo, el gas y los minerales.
En algunos casos y con políticas anticipadas de previsión financiera algunos países vecinos están conjurando el desnivel entre costos de producción y la baja de los valores y volúmenes de exportación. Es el caso del Perú, Chile e incluso la Argentina, que operan con ciertas transferencias de recursos y logran un balance para optimizar los costos de producción, no sucede lo mismo con el Brasil, que soporta muchas restricciones.
En los hechos reales se percibe que bajó el optimismo oficial mostrando hasta hace poco que "el proceso con el bajón de precios no afectaría sustancialmente nuestra economía", lo evidente es que con la persistencia de la situación, los precios han ido declinando en poco tiempo, ahora se reconoce que "de algún modo disminuirán los ingresos y el Estado enfrentará esa contingencia".
El primer impacto se siente en la contracción económica nacional y la necesidad de rebajar los presupuestos que se asignaban a las gobernaciones y municipios, que en esta gestión tendrán que hacer recortes en sus programas operativos, al rebajar automáticamente los ingresos por recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el rubro de las regalías.
Las cosas se observan ahora con el lente de la realidad, han bajado y pueden seguir descendiendo los montos de recursos que percibíamos por la exportación de nuestras materias primas, no solo gas y minerales, también tienen menos mercado los textiles y manufacturas en general, como algunos rubros alimenticios, un ejemplo muy claro el de la quinua.
Frente a lo inobjetable del hecho las autoridades del Gobierno están empeñadas en aplicar algunas medidas que puedan contrarrestar el déficit general y salvar las condiciones extremas de algunos sectores, como por ejemplo el minero y de manera general las limitaciones en el cumplimiento de los proyectos de desarrollo que tenían planificados las gobernaciones y las municipalidades. Se habla de aplicar fideicomisos con aval del Banco Central de Bolivia y con empréstitos de algunos organismos internacionales, entre estos principalmente la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Hasta ahí las cosas tienen un sentido práctico y que puede ser operativo en un corto periodo de tiempo, resultando además en cierto modo un alivio en la crisis sin causar traumas sectoriales, de mejor resultado si además se opera con cierta equidad y priorizando las circunstancias.
A lo que hay temor y naturalmente con justificada resistencia es a la aplicación de programas extraordinarios que tienen que ver con un incremento forzado de las recaudaciones aduaneras y las tributarias para captar más recursos a favor del fisco, ajustando no el cinturón, sino el cuello a parte del conglomerado tributario, el comercio y la industria legalmente constituidos, mientras existe un ejército de comerciantes informales que no tributa y lo que es peor se nutren del contrabando, compitiendo con la producción nacional, en un inequitativo régimen tributario.
El problema es claro, la Aduana no cubre plenamente su labor y el contrabando persiste, el SIN, no tiene un plan concreto para universalizar el pago de impuestos permitiendo una millonaria evasión impositiva, pero las recaudaciones se incrementan, fustigando a los contribuyentes más fieles.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.