La consulta ciudadana a través de referendos en cinco departamentos y tres comunidades rurales, no logró la respuesta que esperaba el nivel oficial como una prueba más al pensamiento y criterio de la población sobre temas que tienen que ver con expectativas para mejorar los sistemas de la administración pública y en ese contexto afirmar la tendencia a disminuir la relación del cordón umbilical entre departamentos y el poder central.
Indudablemente que el sistema vigente, desde la fundación de la República, no ha sido modificado en función a las necesidades del crecimiento departamental y las opciones de manejar sus propios recursos y encarar por decisión directa el desarrollo de cada región.
Establecer un modelo de administración estructurada en necesidades apremiantes y no meramente coyunturales, basando esa funcionalidad en una organización financiera real y objetiva, como producto del buen uso de recursos y medios, es una de las condiciones que motivó el establecimiento de estatutos autonómicos.
Pero el hecho planteado de manera más política que estructuralmente técnica, generó las grandes dudas de las comunidades y su población civil, que llegado el momento, como se ha visto en el referendo, optó por expresar una verdad y plantear ahora, una revisión de ese proceso que se manejó políticamente.
Ahora que se están dando resultados muy claros en la decisión ciudadana, es importante reiterar lo que se había mostrado como elementos "perturbadores" en los sentimientos de la población. Por una parte que la elaboración de los estatutos en la mayoría de los distritos, no respondió a las expectativas del pueblo, pues las sugerencias o planteamientos de cierta importancia, no se los tomaron en cuenta, no se socializó abiertamente los borradores y muchos representantes de organismos ciudadanos, quedaron fuera de las sesiones de debate.
Otro hecho y que persiste actualmente, es la advertencia del Ministro de Autonomías, al señalar que "si no se aprueban los estatutos autonómicos se frenará la consolidación del pacto fiscal y el desarrollo de las regiones". Para la mayoría de representantes institucionales en todos los distritos, el asunto debe ir a la inversa, primero aprobar las condiciones de aplicación del pacto fiscal que es la parte sustantiva en materia de distribución de los recursos nacionales para los departamentos y luego trabajar en la aplicación de los modelos de administración departamental, sabiendo que no se pondrán trabas a los planes del crecimiento y desarrollo sostenible de los distritos.
El asunto está ahora en reconocer la voluntad popular, algo que se comprobará con los resultados completos del referendo en todos los distritos y que como se observa, dispone enganchar "marcha atrás" para reacondicionar el tratamiento de los borradores de estatutos autonómicos como corresponde, es decir ampliando su base de elementos que respondan a las sugerencias del pueblo y en un plazo determinado el organismo electoral convocará a un nuevo referendo.
De momento, la expresión democrática de los ciudadanos de cinco departamentos se ha mostrado en el voto que es el instrumento válido para exponer una decisión que no va en contra del objetivo de alcanzar la autonomía de gestión pero ya no "tutelada", sino plenamente descentralizada.
Oruro es un ejemplo del factor negativo de la dependencia centralista, su desarrollo es restringido por falta de voluntad política, postergándose sus más importantes proyectos, Puerto Seco, minería, leyes de incentivo a la industria, concreción del corredor bioceánico y mayor apoyo a la agricultura y ganadería.
Fuente: LA PATRIA
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