Dos indígenas mexicanas presas por una foto ven la luz al final del túnel

Dos indígenas mexicanas condenadas a 21 años de cárcel por aparecer en una fotografía que fue utilizada para acusarlas de secuestrar solas y sin armas a seis agentes de la fiscalía, ven hoy por fin luz al final de un túnel jurídico plagado de supuestas irregularidades e injusticias.

Tras cuatro años en prisión, Alberta Alcántara y su cuñada Teresa González, de 31 y 26 años, son optimistas: "Vamos a echarle ganas y no vamos a perder la esperanza", señala la segunda en una entrevista con EFE en la propia cárcel, en la que reconoce la importancia que tiene que la Suprema Corte haya decidido examinar su caso.

A juicio de las dos mujeres de la etnia otomí, recientemente declaradas presas de conciencia por Amnistía Internacional (AI), esa decisión puede significar "que ya es lo último" que vivirán como mujeres privadas de la libertad.

Los agentes, vestidos de civil, sin identificaciones ni documentos judiciales que avalaran una supuesta operación en busca de drogas y artículos de piratería, amenazaron a los vendedores con confiscarles la mercancía, y en el proceso destruyeron varios discos compactos y películas piratas.

Ante los destrozos que presuntamente causaron, un uniformado fue retenido unas horas por los vendedores, hasta que se les reembolsó su mercancía, en un hecho que fue cubierto por el diario "Noticias" de San Juan del Río, medio que publicó una serie de fotografías en las que se ve a decenas de pobladores discutiendo con los agentes.

El diario, que asegura que los agentes pagaron entre 60.000 y 80.000 pesos (entre 4.800 y 6.400 dólares) por los destrozos y la libertad de uno de sus compañeros, señaló al día siguiente de los hechos que "al llegar a Santiago Mezquititlán, se pudo constatar que el agente no había sido privado de su libertad".

Casi cinco meses después de los hechos, tres mujeres, las dos que están en prisión y otra que ya fue excarcelada, fueron detenidas como autoras del secuestro no de no uno sino de seis policías, y dos condenadas a 21 años de cárcel.

El juez consideró válidas las pruebas que los seis agentes de la AFI, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), presentaron después de que ellos mismos investigaron su supuesto secuestro, y las fotografías del periódico, donde aparecen decenas de personas.

Por alguna razón, las imágenes sirvieron para acusar sólo a tres mujeres, dos de las cuales pasan todavía sus días encerradas junto a 146 presas más en el penal femenino de mediana seguridad del estado de Querétaro, a unos 212 kilómetros al noroeste de la capital mexicana.

Alberta Alcántara, que como su cuñada Teresa es indígena otomí, habla castellano y también la lengua hñahñú, explicó a EFE que el único crimen que cometió ese día fue pedirle a uno de los hombres vestidos de civil, que decomisaban mercancía en el mercado, su identificación "para saber si era un AFI o un ratero".

Los demás comerciantes la apoyaron, lo que derivó en la retención. "El dinero que nos dieron no fue rescate sino el pago de los discos", sostiene Alcántara vestida con una camiseta que le regaló Amnistía Internacional, en la que se lee "Vivir con dignidad es un derecho humano".

Alberta, que también fue acusada de llevar consigo cocaína en el momento de su captura, dice que vio por primera vez en su vida a los uniformados que la culpan de secuestro muchos meses después en un juzgado, cuando ya estaba detenida.

"Cuando eres pobre e indígena es cuando menos te hacen caso", lamentó durante la entrevista.

La defensa de las mujeres fue tomada hace poco por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), con la colaboración de AI, que las declaró presas de conciencia.

Ambas organizaciones lograron antes la excarcelación de una de las tres condenadas, Jacinta Francisco, quien fue liberada después de que la fiscalía federal retirara los cargos contra ella, pero no se le resarció por el tiempo en prisión.

Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, explicó a EFE que en el proceso ha habido "fabricación de pruebas, falta de garantías judiciales y discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres".

La serie de inconsistencias judiciales del caso llamó la atención de la Suprema Corte de Justicia de México que decidió el pasado 17 de marzo examinar, de forma excepcional, el recurso de apelación interpuesto en favor de las dos mujeres.

Por su parte, Teresa González, quien dio a luz tras las rejas a una niña que hoy tiene un año y dos meses, confiesa que en principio le dio "risa" que las acusaran de someter solas a seis hombres.

(*) Corresponsal de EFE, Querétaro (México).Abril 1 de 2010