Ante la masiva presencia en el país de mercadería china, especialmente ropa en una amplia gama, importada legalmente en unos casos o introducida por la vía del contrabando en otra, junto a centenares de fardos de la ropa a medio uso, los más afectados con ese gigante comercio, los micro y pequeños empresarios, han planteado al Gobierno la dictación de medidas de protección a la industria nacional.
Y no es para menos, pues la producción nacional de textiles, prendas y uniformes deportivos, calzados y cierta ropa de temporada ya no tiene movimiento en el país, pues mercados, galerías, tiendas expresas, comercio callejero informal, pero además negocios autorizados venden mercadería china y en algunos sitios ya definidos se expone y vende la ropa a medio uso, sin ninguna restricción.
Es tanta la competencia que algunas industrias medianas y junto a estas varias micro y pequeñas industrias se han visto obligadas a reducir personal y en la mayoría de los casos cerrar sus operaciones, al no poder competir con los precios que tienen los productos chinos y la mercadería de contrabando, aunque haciendo notar que la calidad del producto nacional, es incomparable en material y duración.
El hecho tiene connotación directa en función a la economía popular, la que vive con salarios limitados y busca ahorrar lo que más pueda en sus compras de hogar, esa gente compra barato, no importa mucho la calidad, aunque el efecto es negativo en corto tiempo, el impacto se da en los pesos que supuestamente ahorra el comprador o consumidor de productos de baja calidad o a medio uso.
Existen algunas normas restrictivas en vigencia, que lamentablemente no se cumplen, como el D.S. 28761 que prohíbe la internación de ropa usada y que en la práctica no se aplica ni en mínima proporción, por lo que se sugiere que la medida sea elevada a rango de ley, para que cobre fuerza y limite el ilícito comercio de la ropa usada y la desleal competencia de precios de la ropa china.
El reclamo de los productores nacionales ha sido escuchado por autoridades del Gobierno, incluyendo la Aduana, para delinear estrategias que permitan ejecutar medidas de control en los dos rubros señalados, importación de ropa china o su internación de contrabando como la ropa usada, otorgando además plazos perentorios para liquidar los comercios dedicados al masivo comercio de productos que compiten abiertamente con la industria boliviana.
Por lo que se sabe, tres mesas de trabajo serán activadas para tratar de forma seria la parte estructural del problema, que dicho sea de paso tiene un fuerte componente "social", pues se trata de miles de personas que han hecho de ese negocio el sustento de sus hogares, pero afectando duramente a otro masivo conglomerado de los industriales legales y las fuentes de empleo que sostienen.
Tal parece que este asunto obligará a protagonistas en general, los afectados en las dos esquinas y al centro los árbitros oficiales, para llegar en este encuentro a una solución pacífica, consensuada en sus términos más objetivos, que por un lado defienda a la industria nacional y su producción y por el otro regule aquellos aspectos que al ser ilegales deben prohibirse sin contemplaciones. La legalidad debe imponerse sobre cualquier actividad ilícita, por lo menos ese debe ser el sentido de emitir normas y hacerlas cumplir.
Fuente: LA PATRIA
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