Empresarios critican actitud pasiva de autoridades
Prefectura permite avasallamientos por negligencia y falta de principio de autoridad
02 abr 2010
Fuente: LA PATRIA
La mayoría de los conflictos se generaron por no buscar una solución oportuna
Los avasallamientos que se dieron durante la actual administración Prefectural es resultado de la actitud pasiva de las autoridades y la negligencia manifiesta por falta de principio de autoridad, porque no hicieron respetar la propiedad estatal, peor la propiedad privada, según criterio de los empresarios locales.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Luis Ramiro García, dijo que los empresarios rechazan los avasallamientos que se dieron en el departamento, porque en otras regiones del país como La Paz y Cochabamba fueron los prefectos quienes hicieron respetar la propiedad privada y estatal, lo que muestra que no hay seguridad jurídica en Oruro, perjudicando la inversión lo que provoca la falta de empleo.
Consultado sobre la posición de las autoridades de la Prefectura del Departamento que manifiestan que el Prefecto no tiene competencia de mando sobre la Policía Departamental, García señaló que ejerce ese mandato que confiere la Constitución Política del Estado porque es el Comandante General del Departamento y en el futuro será el Gobernador quien tenga tuición sobre el mando policial.
“Afirmar que no tiene tuición es poner de manifiesto una actitud negligente que siempre primó en las autoridades de la Prefectura en la actual administración, lo que originó problemas y enfrentamientos que incluso dejaron saldo de muertos y heridos, como los casos Orocondo, Huanuni, Mina Santa María y Caihuasi, por que las autoridades no se ocuparon de resolver los conflictos”, dijo García.
Recordó que la otorgación de los terrenos del Parque Industrial de Oruro a los miembros del Movimiento Sin Techo es una enajenación del patrimonio estatal, hecho que debe ser investigado y sancionado al igual que la falta de atención que ahora se da con los terrenos ubicados en Pampa Alamasi, donde los dueños de terrenos piden el desalojo de los avasalladores. “La negligencia es extrema porque incluso desobedece las resoluciones judiciales que son de estricto cumplimiento en el caso de una Amparo Constitucional”, afirmó.
Recordó que los avasallamientos a las propiedades mineras se dan en forma permanente y la Prefectura no hace nada, pese a los reiterados reclamos, denuncias y pedidos de los mineros chicos, así como los propietarios de haciendas y zonas agropecuarias de producción que también fueron ocupadas por los campesinos, incluidos terrenos pertenecientes la Universidad Técnica de Oruro.
El presidente de los empresarios indicó que estas actitudes negligentes ameritan un juicio de responsabilidades, porque enajenaron bienes del Estado y eso convierte a Oruro en una tierra sin ley, porque las autoridades llamadas por ley no hacen respetar el principio de autoridad que es la garantía de sana convivencia pacífica entre ciudadanos de una misma ciudad, departamento o nación.
Lamentó que la falta de una actitud responsable de las autoridades perjudica no sólo a los propietarios de terrenos, sino ahuyenta la inversión privada y lo que es más priva de empleo a muchos trabajadores desocupados que deambulan las calles en busca de trabajo, siendo además contraria a la política nacional del Estado Plurinacional, donde el presidente Evo Morales, exige que los prefectos hagan respetar y cumplir la ley, con mayor razón si son militantes del partido en función de gobierno.
“Las malas actuaciones, la negligencia manifiesta y la arbitrariedad se deben sancionar a partir de las autoridades que se niegan o rehúsan cumplir la ley, porque la ley se cumple y no se discute o se deslinda responsabilidades para pretender quedar bien con la población, los orureños conocen quienes son los responsables de estos conflictos que provocaron sangre, dolor y luto en Oruro”, sostuvo García.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la propiedad privada y estatal. Paralelamente el presidente Evo Morales, manifestó en diversas oportunidades que su gobierno haría respetar esos derechos constitucionales.
Por otra parte el Código Penal prescribe sanciones a los funcionarios públicos por incumplimiento de deberes.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.