Sábado 29 de agosto de 2015
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De un tiempo a esta parte pareciera que el país vive un proceso, interno y externo, de descalificación global del uso potencial de energías existentes en su territorio, salvo las alternativas, como la solar, la eólica y la geotérmica. La censura más directa ha recaído en la nuclear, sobre todo a partir de las tragedias de Chernóbyl y Fukushima, lo que habría clausurado cualquier debate posible. Sin abogar por su vigencia, cabe recordar que el 30% de la energía que consume la Unión Europa tiene origen nuclear, lo que evita que se envíe a la atmósfera 700.000 toneladas anuales de dióxido de carbono, lo que implicaría mayor daño atmosférico. El 86% de la energía que consume Francia es nuclear. Las tres centrales atómicas argentinas funcionan sin problemas desde hace cuatro décadas y al igual que las brasileñas contribuyen a avances en medicina y agricultura. La modernización de los métodos de alerta temprana ha influido para reabrir Fukushima, aunque, claro está, la existencia de riesgos siempre estará presente.
Los ataques han alcanzado a la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas y territorios indígenas. No existen países que se nieguen a conocer la riqueza existente en su suelo. No parece correcto que las potencias mundiales, gracias a sus avances satelitales, conozcan nuestra geología y que esa información esté vedada a nosotros. La exploración y explotación del gas ha permitido que las 29.000 conexiones domiciliarias en el 2005 hubieran alcanzado a 500.000, lo que implica un avance en el nivel de vida de la gente. Lo anterior no sucedía por falta de gas, sino porque era exportado a la Argentina y Brasil, sin atender nuestras necesidades propias. Es obvio que las tareas exploratorias deben ser consultadas y coordinadas con poblaciones indígenas, a fin de lograr consensos que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
