Viernes 28 de agosto de 2015
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Editorial y opiniones
Lenguas, burocracia y estatutos autonómicos
28 ago 2015
Juan Marcelo Columba Fernández
Desde la promulgación de la constitución boliviana de 2009, el Estado ha concentrado sus esfuerzos en materia de lenguas a la implementación de una política intervencionista que intenta promocionar los idiomas "originarios" en el país. El éxito ornamental de los románticos clichés lingüísticos proferidos en arengas políticas o en textos de ley, contrasta con los resultados de una política lingüística que se ha constreñido al ámbito de la administración y la educación públicas. En lo que respecta a este intervencionismo lingüístico, dos eventos recientes llaman la atención: el primero, el vencimiento del plazo dado por las autoridades plurinacionales para que los funcionarios públicos aprendan un idioma "originario" y, el segundo, la difusión de artículos específicos sobre los idiomas "oficiales" contenidos en los estatutos autonómicos departamentales, documentos que serán próximamente sometidos a un referéndum en el occidente boliviano.
En relación al primer aspecto, la promoción de un bilingüismo obligatorio en la administración pública - tanto por el ámbito en el cual se desarrolla como por la necesidad de certificación para mantener un puesto laboral - parece consolidar una suerte de "burocracia lingüística". Esta reducción de la vida de las lenguas a deslucidos certificados, entiende la burocracia como un conjunto de papeles y trámites implantados artificiosamente para desarrollar una actividad administrativa. La noción de burocracia lingüística también incluye una dimensión política presente en la etimología del sustantivo: los certificados y papeles materializan el poder (gr. cratia) de la administración (fr. bureau) y, en este caso, implican una sumisión ciudadana al cuestionable imaginario lingüístico plurinacional.
