El Primer Mandatario del país aprovechó su participación la semana pasada en el VII Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Asociaciones Municipales para plantear a los munícipes "transparencia en su gestión y ejecución de mega proyectos para mejorar la calidad de vida de la población boliviana".
Un pedido directo y especial, cuando los datos reflejan que entre los municipios y las gobernaciones hay más de dos mil millones de dólares (15 mil millones de Bs.) en caja y bancos, lo que significa que tales recursos no han sido invertidos oportunamente en el cumplimiento de proyectos sociales. Esa es la prueba de la baja ejecución presupuestaria, un mal que no se cura en la administración de fondos públicos.
El frío análisis entre los miembros de la Federación de Asociaciones Municipales, dio como resultado reconocer que la mayoría de los gobiernos locales no superaron el 50 por ciento de su programada ejecución presupuestaria, lo que en buen cantar significa que sólo cumplen la mitad de lo que programan anualmente y esto retrasa desarrollo y cumplimiento de metas a favor de la comunidad.
Se revelaron debilidades en modelos administrativos, pero también la falta de personal profesionalmente capacitado para tareas de planificación técnica, urbanización en general, servicios sanitarios, transporte público, recreación y otros elementos que no son tratados con profundidad en las etapas de planificación de propuestas y elaboración de los presupuestos anuales.
Faltan políticas de beneficio colectivo, proyectos de impacto social, prioridad en los campos de saneamiento básico, especialmente al dar paso al crecimiento obligado de urbanizaciones, segmentos ciudadanos que ahora avanzan sin ninguna planificación y por lo mismo carentes de servicios elementales, como agua, alcantarillado, luz y vías de acceso.
La reunión de munícipes tuvo que considerar también el tema de corrupción que se detecta en muchas instancias de la administración pública, especialmente se indicó "cuando se trata del cobro de comisiones a empresas contratistas", una costumbre que debe erradicarse en los niveles superiores administrativos, para evitar el uso indebido de recursos y desconfianza en licitaciones y adjudicaciones.
Hay un compromiso gubernamental para desarrollar un trabajo mancomunado independientemente de la filiación política de los alcaldes y gobernadores, autoridades que se enteraron de la puesta en marcha de una nueva versión del programa "Mi Riego", que servirá para impulsar programas en el área rural y ciudades, de acuerdo a las necesidades de comunarios y vecinos.
La idea general para mejorar el proceso de ejecución presupuestaria deberá enmarcarse a la solución de problemas del área social, encaminando las nuevas alternativas hacia las actividades productivas. Las autoridades y equipos de asesoramiento técnico deben priorizar su trabajo en elementos que respondan a las necesidades de una población que busca vivir mejor, con soluciones a sus problemas más dramáticos y que son la falta de servicios básicos en los sectores marginales, los anillos periurbanos en las ciudades y las mismas contingencias en las comunidades rurales.
Se mencionó la posibilidad de aplicar una reducción en las asignaciones por concepto de la distribución del IDH, lo que limitaría los ingresos a los gobiernos subnacionales, empero la autoridad ejecutiva de YPFB descartó esa posibilidad para tranquilidad de municipios y gobernaciones, que están propiamente emplazados a efectuar una mejor ejecución presupuestaria, para no postergar las expectativas ciudadanas.
Fuente: LA PATRIA
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