Domingo 16 de agosto de 2015
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Cuando un gobierno decide unilateralmente establecer la valoración de lo que es verdad y qué es mentira, de lo que es responsable e irresponsable, de lo que es politizar o no politizar, se convierte en árbitro discrecional de los demás, y lo hace en los temas más sensibles de los derechos de los ciudadanos, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.
Esa mirada subjetiva está obviamente condicionada por la posición ideológica de quien detenta el poder. No es el camino adecuado para llevar adelante un comportamiento genuinamente democrático, cuando es evidente que toda sociedad se caracteriza por la diversidad y aún el antagonismo de ideas.
La libertad de expresión es uno de los valores mayores de la libertad como concepto que hace posible la plenitud humana. Limitarla mediante cualquier instrumento, cercena el corazón mismo de uno de nuestros derechos fundamentales.
La responsabilidad de que la libertad de expresión se ejerza de manera plena tiene siempre dos puntas, la del poder del gobierno y la de los poderes de la sociedad civil expresados de diverso modo (empresas, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales, activistas, ONGs, etc.). Dadas las circunstancias actuales ocupémonos de una de esas puntas. En Bolivia es evidente que el gobierno ha conseguido un poder muy grande, el mayor desde que se reabrió la democracia en 1982. La legitimidad de sus triunfos electorales sucesivos le ha permitido construir una hegemonía de partido, el MAS, y un dominio directo e incuestionable sobre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo y otro, poco disimulado, sobre los poderes Judicial y Electoral.
