Ley Anticorrupción de Morales acentúa presión sobre opositores

El Gobierno de Bolivia anunció hoy que aplicará inmediatamente su nueva Ley Anticorrupción, que permite investigar de forma retroactiva las gestiones de anteriores Gobiernos, lo que acentúa la presión sobre ex mandatarios opositores al presidente Evo Morales.

La Asamblea Legislativa aprobó el lunes la "Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas", que previsiblemente será promulgada el miércoles por Morales para su entrada en vigor.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, anunció hoy que dará "inmediato cumplimiento" a la norma, que -dijo- permitirá cumplir en un 95 por ciento las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC).

Antes de esta norma "las denuncias contra daños económicos al Estado quedaban en la impunidad", aseguró.

Se trata de un proyecto que el actual Gobierno de Bolivia presentó en 2006, pero que no prosperó en la pasada legislatura porque el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no tenía mayoría parlamentaria suficiente.

El texto señala que la norma se aplicará para autoridades y ex autoridades del Estado boliviano sospechosas de corrupción y para las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante este tipo de delitos.

También establece la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, así como tribunales y policías especializados en el área y la puesta en marcha de un Sistema de Protección de Denunciantes.

Introduce, además, delitos nuevos en la legislación boliviana como el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito o el cohecho trasnacional (activo y pasivo), entre otros.

Tal y como establece la nueva Constitución del país, esta ley declara imprescriptibles los delitos "que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico".

En varias ocasiones, opositores y ex jefes de Estado bolivianos han levantado la voz contra la ley, que consideran parte de una estrategia de "persecución política", lo que el Gobierno niega.

Y es que además de esta norma, la Asamblea boliviana tramita una nueva ley de juicios por responsabilidades que permitiría acelerar procesos impulsados por el oficialismo contra varios ex presidentes por supuestos delitos de daño al Estado en sus gestiones.

Se trata de Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltzé, los inmediatos antecesores a Morales, que junto al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas se unieron en una declaración conjunta el pasado 17 de marzo para denunciar que los juicios que se promueven en su contra vulneran derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales.

Estas nuevas normas coinciden, asimismo, con una singular situación en la Justicia boliviana: la mayoría de los magistrados de las principales instancias judiciales fueron nombrados en febrero directamente por el gobernante, aunque con carácter interino.

Por eso, además de cuestionar el contenido de las leyes, los ex mandatarios denuncian que los tribunales no serán imparciales al haber sido designados por su acusador, es decir, Morales.

Ante la aprobación definitiva de la Ley Anticorrupción, algunos de estos ex presidentes declinaron, al ser consultados hoy por EFE, hacer comentarios hasta no haberla estudiado en profundidad, sin descartar una declaración conjunta como la que realizaron hace unos días.

Este escenario se ha enredado aún más ante las intenciones de la Fiscalía de llamar a declarar al ex gobernante Quiroga, al cardenal Julio Terrazas y al ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín por su supuesta relación en un caso de uso irregular de "gastos reservados" que se remonta a la segunda Presidencia de Hugo Bánzer (1997-2001).

En Bolivia, los "gastos reservados" eran fondos de libre disposición usados por los ministros de Gobierno (Interior) para asuntos de seguridad, pero Evo Morales los prohibió en su Gobierno.

Esa investigación llevó a Guillermo Fortún, ex ministro de Gobierno con Bánzer y candidato a la Alcaldía de La Paz por la conservadora ADN (el partido de aquel presidente), a huir de Bolivia y "autoexiliarse" en Chile.

La enrevesada situación de la Justicia y estas nuevas normas -que algunos opositores han calificado de "leyes guillotina"- han provocado incluso la reacción de Naciones Unidas, que en días pasados mostró su preocupación por la crisis del sistema judicial del país.

Sin embargo, el presidente Morales y su Gobierno defienden la necesidad de combatir la corrupción pasada y presente y prevenir la futura con una ley que supone una "revolución moral" y aseguran que quien no ha hecho daño a Bolivia nada tiene que temer.

Fuente: La Paz, 30 (EFE).-