La respuesta del Canciller chileno a la propuesta boliviana de establecer diálogo bajo un par de claras condiciones fue simplemente dejar de lado el diálogo propuesto, porque en ese intercambio no debe incluirse el tema de la reivindicación marítima con soberanía, como tampoco se acepta la opción de que en un quinquenio se resuelva satisfactoriamente el centenario enclaustramiento de Bolivia. Chile dice entonces, no hay diálogo y nos vemos en La Haya.
Para Bolivia no tiene mayor importancia que Chile esté o no en La Haya cuando se cumpla el plazo para conocer la decisión de ese supremo tribunal, aunque la referencia puede tener otra connotación, la que siempre alude Chile al negar aspectos pendientes con Bolivia y creer que el tema está resuelto, lo que no es evidente, puesto que además de exigir con justicia una respuesta equitativa y solidaria de Chile, hay otros puntos que muy bien podrían solucionarse por la vía amistosa y edificante del diálogo entre partes.
En la agenda de los 13 puntos que acordaron la mandataria chilena Bachelet y el Presidente Morales, que no avanzó por el cambio político en el país trasandino, se contemplaban otros aspectos importantes, como alguien dijo, con relación a las aguas dulces que corren en ambos territorios y que en el caso de las vertientes del Silala se originan en territorio boliviano y se las desvía atrabiliariamente hacia Chile para saciar la sed de una gran población en el norte de ese país, sin que por más de medio siglo el mismo pague por el uso y consumo del elemento líquido.
Otra historia es la que afecta a una buena parte del territorio boliviano que en varias comunidades se nutría de las aguas del río Lauca, que cruzaba de manera natural por nuestro territorio y que fue desviado autoritariamente por gobernantes del Mapocho, sin justificación alguna pero causando otro perjuicio muy sensible a los habitantes de una zona altiplánica árida y necesitada de esa corriente de agua.
No se cumple en absoluto lo que señala el Tratado de Paz de 1904 y que con inusitada frecuencia arguye el Canciller chileno, sin tomar en cuenta que el "Libre Tránsito" en los puertos de Chile a favor del comercio boliviano, es nada más que una alegoría a funciones portuarias que se alteran permanentemente y ocasionan graves daños a la economía boliviana, a sus transportistas y por supuesto a los empresarios, comerciantes y/o industriales. Solo mencionar hechos recientes, como las huelgas de funcionarios aduaneros o portuarios, deteniendo centenares de vehículos en la zona fronteriza, que en función del decantado Tratado deberían tener libre tránsito y si "existieran daños", como los hay, esos tendrían que ser restituidos económicamente.
Nada de esto sucede en el plano estrictamente legal, como el respeto a los acuerdos portuarios, que especialmente en Arica, se los desconoce olímpicamente y en Iquique o Antofagasta, se los maneja en función al interés chileno en claro desconocimiento de los derechos bolivianos.
Para que las cosas se aclaren algo más, es bueno señalar que Bolivia en ningún caso ha planteado a la Corte de La Haya que exija a Chile ceder soberanía, lo que se pide es que La Haya falle estableciendo que Chile esté obligado a negociar con Bolivia la restitución del acceso soberano al Mar en función a varias ofertas incumplidas en anteriores gobiernos del Mapocho para avanzar en esa línea de amistad, justicia, equidad y solidaridad, pero además con los fines altruistas del tiempo presente, eliminar los factores que están frenando los objetivos de integración sudamericana.
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