Martes 11 de agosto de 2015
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Un componente esencial de la ola que arrastró y hundió a gran parte de los gobiernos neoconservadores en nuestro continente, sustituyéndolos por otros identificados genéricamente como populares y de izquierda, fue la expectativa de terminar con el escandaloso vaciamiento de las arcas y riquezas públicas.
De las situaciones más burdas, como las de las privatizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de Carlos Menem en la Argentina, a las más solapadas y discretas, el hartazgo se había cruzado en la garganta de nuestras sociedades que exigían otra forma de gobernar que extirpe tales prácticas. Aquí, en casa, el retorno del Estado a una posición central en la economía se acompañó de la reivindicación de un Control Social, llevado a rango constitucional, como forma de prevenir el retorno de las artimañas que permitieron que el capitalismo estatal se convierta en cimiento fundacional de nuevas burguesías y clases dominantes.
Pero, este año 2015 nos ha espetado en el rostro la evidencia de que el uso del poder para acumular y bombear riqueza a los bolsillos de los gobernantes y sus clientelas es una práctica que no sólo se mantiene inmutable, soportando con perfecta comodidad cualquier orientación ideológica de los gobiernos, sino que se diversifica y especializa, incrementando la velocidad y el caudal de los recursos saqueados.
