El juego limpio y la transparencia que reclaman los políticos se diluye cuando sus campañas proselitistas se ven empeñadas por el uso de recursos y bienes del Estado y el Municipio, lo que muestra que quienes anuncian una lucha contra la corrupción y pregonan honradez, mantienen la vieja estructura partidaria que siempre convivió con el cohecho y la corrupción.
Las campañas “con millonarios aportes de los militantes” muestran que tales aportes son una imposición, porque para mantener su fuente laboral los empleados públicos y municipales tienen que entregar parte o un sueldo “voluntariamente”.
Esa recolección de fondos, que es una imposición, constituye clara muestra de la corruptela que impera en los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas donde prima la vieja lógica que “el jefe tiene que cobrar el derecho de postulación a los candidatos”. A esto se suma el abuso y la arbitrariedad de quienes usufructúan el aparato estatal y municipal, porque movilizan a los propios funcionarios para realizar las campañas y con la venia de las propias autoridades ejecutivas, financian los gastos de promoción de sus candidatos y lo que es más perjudicial, usan vehículos oficiales y las principales autoridades se movilizan de un lugar a otro del país utilizando los bienes y recursos del Estado Plurinacional.
Estos fondos resultan ser los dineros que pagamos los ciudadanos por los impuestos y las contribuciones por los servicios, que contrariamente en vez de servir para ejecutar obras o proyectos se usan para promocionar el continuismo o el cambio de otra administración para tener el “poder total”, llegando incluso a la instancia de la amenaza y condicionamiento de los líderes del partido gobernante, cuando se menciona, “si el gobernador y el alcalde elegido no son oficialistas, no tendrán ayuda y en el corto plazo se promoverá su cambio aplicando la revocatoria del mandato a través del “control social”, instrumento que utiliza el oficialismo para someter al pueblo e imponer candidatos.
El voto ciudadano el domingo 4 de abril debe ser conciencial, honesto y sin admitir presiones para preservar la verdadera democracia cuyo primer pilar es la libertad de expresión y de elegir, esto si queremos convivir entre mayorías y minorías y si se otorga un trato igual a todos los bolivianos que al final de cuentas somos quienes aportamos y contribuimos al sostenimiento de nuestra economía nacional con el pago de tributos.
El uso y abuso de los bienes del Estado o el patrimonio entregado a las organizaciones sociales no sólo debe servir para capturar el poder político total como buscan los oficialistas del gobierno y de los municipios, sino atender las demandas de sus bases que esperan que exista un cambio de actitud de sus dirigentes quienes se convierten en “militantes incondicionales” del oficialismo aprovechando la actual coyuntura de gobierno para acomodar a sus familias en cargos de la administración pública y puestos denominados “claves” para seguir usufructuando lo poco o mucho que tenemos los ciudadanos que en igualdad de condiciones deberíamos ser el pilar del sostenimiento de la democracia boliviana y no un sector que tenga que soportar el sometimiento y condicionamiento de quienes hoy detentan un poder efímero y pasajero.
Los que se embriagaron con el poder y salieron con una serie de observaciones y hasta acusaciones de corrupción por parte de los órganos del control del Estado y hasta del propio Presidente del Estado Plurinacional, ahora deben tener una resaca muy severa, porque les confiaron una responsabilidad y prefirieron “salir de pobres” antes que cumplir con el mandato que les fue encomendado. Que el proceso electoral que el próximo domingo llega a su culminación, ojalá no corrompa más conciencias y podamos los bolivianos preciarnos de tener una democracia honesta, transparente y lejos de la prebenda y el oportunismo.
(*) Periodista.
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