ANP pide respeto al trabajo y garantías para periodistas
30 jul 2015
Fuente: La Paz, 29 (ANP)
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El pleno respeto al trabajo periodístico y las garantías para los periodistas que cubren noticias en situaciones de conflicto fue reclamado por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), tras la imputación y encarcelamiento de Juan Carlos Paco Veramendi, el segundo periodista que en tiempos de democracia sufrió la privación del elemental derecho a la libertad durante cinco días.
El primer vicepresidente de la ANP, Jorge Carrasco Guzmán, expresó su preocupación por las agresiones a periodistas que realizan la cobertura de manifestaciones sociales y por las acciones del Ministerio Público que prolongan indefinidamente procesos contra periodistas y medios, como una estrategia para mantenerlos cautivos en la vía judicial.
Hasta el presente se mantiene el proceso de investigación contra El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF), por supuesta incitación al racismo, y contra el periodista Carlos Quisbert, encarcelado el 9 de marzo y liberado tras 60 horas de prisión. Actualmente continúa abierto un proceso contra el comunicador por supuesta interferencia con la justicia en las investigaciones por el caso de la muerte de un niño, en un hogar estatal de protección a menores.
Por su parte, Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, red que agrupa a 22 organizaciones defensoras de la libre expresión en 18 países de Las Américas -de la cual la ANP es miembro por Bolivia-, señaló la necesidad de respetar los principios y estándares internacionales contenidos en la Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales, emitida en septiembre de 2013 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Relatoría Especial de la Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
En el documento se recuerda al Estado el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.
La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.
Sánchez destacó que los relatores de la Declaración señalan que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar a los responsables de agresiones a periodistas. De lo contrario se incurre en omisión culpable que puede ser sujeta de sanciones internacionales, porque eso significa que está generando condiciones de impunidad que perjudican el trabajo libre de los periodistas.
Fuente: La Paz, 29 (ANP)
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