Las demandas de Potosí: Cuando la soberbia agrava los conflictos
29 jul 2015
Adhemar Ávalos Ortiz
Desde hace tres semanas un nuevo conflicto por falta de proyectos productivos y de servicios en el departamento de Potosí ha puesto al Gobierno boliviano en una encrucijada, un problema provocado por él mismo y que podría ser solucionado de manera satisfactoria para las partes siempre que existiera un poco de cordura y la determinación de negociar con eficiencia y la mente y las actitudes estén despojadas de posiciones arrogantes y despreciativas.
El hecho de que Don Evo Morales Ayma haya sido reelegido en octubre del año pasado como Presidente con una mayoría absoluta de votos y repitiendo eventos electorales pasados, desde 2005, no le da ningún derecho a comportarse de manera altanera y rehusarse a recibir a representantes del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) para discutir y viabilizar el pliego de los potosinos preocupados por la suerte de su región.
Potosí, ya desde el periodo mal llamado Colonial, ha entregado gran parte de sus riquezas para beneficio de otros: primero la Corona española, después la conservadora oligarquía boliviana, más adelante los barones del estaño, a continuación otros oligarcas nacionales y extranjeros y, finalmente, el ficticio Estado Plurinacional. Todos estos entes, poderosos, pero enfermos de angurria, han dejado muy poco en el sentido de apuntalar procesos de desarrollo a largo plazo y se han caracterizado por un extractivismo secante, cuyas limosnas llegaron a trabajadores imbuidos de un espíritu rentista y sin ningún apego a la región que les vio nacer o trabajar en las minas y menos todavía a la Patria boliviana. Muchos de ellos hoy son ricos cocaleros o empresarios mineros ocultos en el sistema cooperativo.
¿Y cuál es la culpa del Gobierno nacional? Primero, la inexistencia de planificación estratégica de desarrollo a largo plazo en todas las regiones. Casi todo lo que hace obedece a una política de la improvisación. Ejecuta obras que se le ocurren al Presidente, Vicepresidente o a algunos ministros o ministras sin ningún plan coherente. Segundo, el incumplimiento sistemático de compromisos con las regiones para la realización de proyectos que generen empleo sostenible y por consiguiente consumo para impulsar economías tradicionalmente deprimidas. Tercero, La soberbia del Presidente y sus colaboradores que se creen muchísimo más que los funcionarios públicos que son, representantes del pueblo y, por tanto, obligados a él. Cuarto, no solucionar los conflictos en cuanto empiezan vía diálogo y negociaciones sinceras, provocando que se agraven y generen consecuencias que debilitan la democracia.
Los dirigentes cívicos pecan de ingenuidad al jugar a lo que quiere el Gobierno, el que solamente en la confrontación intenta validar su fortaleza política, y al haber permitido que los cooperativistas mineros, tradicionales aliados del MAS, y que buscan la materialización de sus propios intereses espurios relacionados con la entrega de minas de la Comibol o privadas para su egoísta explotación, se unan al movimiento reivindicativo, provocando violaciones de la Ley, vía uso de explosivos de alto poder contra objetivos públicos y privados y provocando el repudio de la población paceña que les apoya en su causa, pero no tiene por qué ser maltratada.
En 2010 hubo un conflicto parecido, aunque menos profundo que llevó al compromiso de este gobierno de viabilizar varios proyectos, cosa que no se cumplió por ineficiencia manifiesta. Ahora, a la rebeldía de los que han dado todo por el país se responde con altanería y soberbia y se encarcela a activistas por acciones insignificantes. Quejarse de los dinamitazos cuando en el pasado no se hizo nada por cortarlos de raíz es una posición oportunista y decir que no pueden influir sobre las decisiones de fiscales y jueces por supuestamente ser independientes, huele a inmundicia porque cuando han querido les han hecho bailar a su propio ritmo para aplastar a la oposición en procesos judiciales amañados y llenos de podredumbre. Esperemos que el sentido común, casi siempre ausente, lleve al camino de la paz y del desarrollo estratégico por el bien de Potosí y de Bolivia. Lo contrario sería apostar por la caída al precipicio y la consiguiente pérdida de legitimidad política y moral.
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