Miercoles 29 de julio de 2015
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Desde hace décadas, la mayoría de los gobiernos ha adoptado las políticas de prometer lo que no van a cumplir, actitud que es condenable y que, más temprano que tarde, va en desprestigio y debilidad de los propios gobernantes.
El gobierno - si es constitucional y legal - tiene la fuerza de las leyes; no necesita, en absoluto, recurrir ni a la fuerza, ni a la falsa promesa y, menos, a actitudes represivas y contrarias a los derechos humanos. Los pueblos a quienes se inculca el cumplimiento de la Constitución y las leyes, saben de sus obligaciones y deberes y, cuando reaccionan, es por efecto de que las autoridades no han sabido cumplir su misión y menos sus promesas formuladas generalmente en momentos de reclamos y reacciones sociales.
Los gobiernos que actúan bajo el principio de "imponer la autoridad" y no cumplir con las leyes e imponerlas por los canales debidos, siempre están en peligro de perder su tranquilidad y, en casos, su estabilidad. Los pueblos reaccionan conforme les dictan las circunstancias, las situaciones de fuerza que han sido impuestas por las autoridades; en otras palabras, los pueblos se rigen por el imperio de las leyes. Que hay extremos que se presentan en las reacciones y los hechos contrarios a las leyes, es evidente; pero, ello no es general, no son protagonistas todos los que reclaman o buscan el cumplimiento de la ley o de compromisos de las autoridades.
