No es suficiente la buena intención de algunas de nuestras autoridades para sacar adelante el proyecto del Puerto Seco, cuyas obras están paralizadas después de haberse concluido la construcción de un muro perimetral y la delimitación de sus terrenos con malla olímpica, lo que significó un gasto mayor a tres millones de bolivianos.
Lo que se necesita es encarar de manera real el proyecto en sí, para habilitar toda la infraestructura diseñada para el funcionamiento del Puerto Seco y definir por otra parte su estatus jurídico como empresa de servicios y que funcione en base a un sistema societario en el que participen el sector estatal y el privado, dando una configuración particular a uno de los proyectos alternativos más importantes que impulse el desarrollo de nuestro departamento.
Son varios años que el Puerto Seco figura entre las prioridades planteadas por los orureños para dinamizar las actividades de un sistema de comercio de exportación e importación de bienes diversos, otorgando servicios especializados de orden aduanero, pero sobre todo con una infraestructura apropiada para el almacenaje de cualquier tipo de mercadería en tránsito, incluyendo productos alimenticios que deben ser cuidados en su tránsito de origen y destino.
Un informe de la Gobernación local señala que en el Programa Operativo Anual (POA) de la presente gestión se ha incluido un presupuesto de dos millones de bolivianos para dar continuidad al emplazamiento del Puerto Seco, empero hay algunas circunstancias adversas que frenan las posibilidades de seguir adelante con el proyecto en sí. En realidad se trata de un presupuesto muy reducido, pero que debe emplearse en la continuidad de obras.
La autoridad departamental interesada en impulsar el proyecto reconoce que las trabas son de tipo legal y deben solucionarse para evitar mayor perjuicio en el importante emprendimiento local. El hecho práctico tendría que superarse con la formación de una comisión especializada que extreme todos los recursos legales y en su caso técnicos para desentramar lo que parece una maraña de hechos que deberían ser tratados en el nivel que corresponde sin perjudicar el avance de la parte estrictamente estructural, pues el proyecto debe consolidarse en su magnitud de aporte al intenso movimiento comercial que tiene Oruro.
El saldo negativo que se arrastra de anteriores gestiones, no debería interrumpir la intención presente de reiniciar obras en el Puerto Seco, al contrario es menester que profesionales conocedores de la materia definan con criterios técnicos una línea operativa, para que las trabas legales sean tratadas como corresponde y paralelamente se definan las instancias jurídicas para consolidar la empresa del Puerto Seco que no puede detenerse por circunstanciales objeciones.
Hay que trabajar (en mesa) la parte operativa y administrativa del Puerto Seco, esa es una obligación ineludible e impostergable, pues se trata de no seguir perdiendo tiempo en algo que merece continuidad en cumplimiento de un cronograma práctico que debe estar listo, incluso antes de tener la infraestructura física del Puerto Seco.
Son tareas de proceso inmediato y que adecuadamente planificadas facilitarán en adelante la funcionalidad del Puerto Seco en la prestación de sus servicios específicos. Algo que debe exigirse es una demostración de voluntad política a nivel gubernamental y especialmente del Primer Mandatario, para que este anhelo sea una realidad.
Posiblemente esté faltando coordinación entre autoridades y representantes de las institucionales locales empresariales, profesionales, cívicas, laborales y las autoridades en defensa conjunta del Puerto Seco.
Fuente: LA PATRIA
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