De una cosa depende la otra, innegablemente y en la medida que persista la inseguridad empresarial, la suerte del sector laboral estará también en duda, de ahí que es muy importante que se asegure la generación de empleos, pero con mínimas garantías para invertir, producir, ganar y cubrir las obligaciones más esenciales de cualquier sector productivo.
En el país si bien se están dando las condiciones apropiadas vía aprobación de leyes que garantizan y de algún modo incentivan las inversiones del sector privado empresarial, aún persisten algunas disposiciones que obligan a los productores a "pensar dos veces" antes de lanzar su capital a la competencia productiva calculando todas las posibilidades de lograr buenos resultados, que en el análisis de algunos sectores no siempre son factibles, cuando rige disposiciones por ejemplo de regular el factor de utilidades con el porcentaje del PIB, que por encima del 4,5 por ciento, obliga al pago de un doble aguinaldo, lo que no siempre es posible en todas las empresas.
Ese aspecto con seguridad que tiene la misma connotación en las empresas del Estado, con la diferencia de que en éstas el pago del doble beneficio se dispone y se paga, pues esos fondos no afectan la economía de la empresa, ya que provienen del Estado, como sucede también con el beneficio para algunos sectores de la administración pública e incluso para municipios y gobernaciones, donde el pago de incrementos salariales y aguinaldo extraordinario se carga al presupuesto general, ese que es parte y corresponde de cualquier modo a los recursos del pueblo.
Con esa distorsión en el sistema de administrar bienes públicos por un lado e imponer normas extremas al sector privado, no se logran beneficios prácticos, al contrario se limitan las perspectivas de hacer más inversiones para crear más fuentes de empleo, que en realidad sería una solución social de mayor beneficio colectivo y sostenible en el tiempo para promover la instalación de más empresas.
En los análisis socioeconómicos que se realizan y se difunden con una relación muy próxima a los hechos más reales que circunstanciales, se confirma que en los últimos años evidentemente el nivel salarial tiene un sustancial incremento porcentual, que debe cubrirse obligatoriamente y así sucede, aunque en la práctica de su aplicación, el beneficio es directo para los funcionarios de la enorme administración pública y llega así mismo al otro conglomerado del sector industrial y comercial del sector privado, pero por las estadísticas el mayor contingente de trabajadores está en el sector informal y se paga directamente su aumento salarial a costa del presupuesto de la ciudadanía, pues la manera de hacerlo es subiendo el precio de lo que comercia o de los servicios que presta y problema solucionado.
Ahora bien, con dos leyes recientemente aprobadas, el sector privado podría sentirse más seguro para invertir, empero predominan todavía factores negativos, por ejemplo la amenaza de estatizaciones, avasallamientos y la inseguridad social, con paros, bloqueos y una suerte de medidas oficiales que incrementan las obligaciones sin una contraparte de incentivo, por ejemplo tributario.
Lo que se necesita es crear un verdadero ambiente de seguridad jurídica, de respeto a las inversiones, pero paralelamente con opciones que abran el interés de los empresarios de crear, mejorar y asegurar más fuentes de empleo, como meta estratégica de incentivar la producción sin ahuyentar los capitales, la tecnología y la seguridad laboral.
Fuente: LA PATRIA
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