Miles de matrimonios palestinos en los que uno de los cónyuges tiene ciudadanía israelí viven separados o dependen de precarios permisos militares a causa de una ley del Estado judío impide su reunificación familiar por "motivos de seguridad".
Se trata de la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel, aprobada de forma "temporal" en 2003, en plena oleada de atentados suicidas durante la Segunda Intifada, pero prorrogada desde entonces y objeto de un interminable debate en el Tribunal Supremo.
El texto estipula que ningún habitante de los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania puede optar a la reunificación familiar en Israel.
Dado que el porcentaje de bodas entre árabes y judíos es ínfimo, la ley se ceba casi por completo con los matrimonios entre un palestino con ciudadanía israelí (un millón y medio de personas, un quinto de la población del país) y otro de Gaza o Cisjordania.
La ley fue enmendada en 2005 para abrir la puerta a que los hombres mayores de 35 años y las mujeres de más de 25 obtengan permisos limitados de residencia y dos años más tarde se hizo extensiva a los ciudadanos de Irán, Irak, Siria y Líbano.
A falta de cifras oficiales, Orna Cohen, abogada de Adalah, una de las ONG que batallan por la vía jurídica por la revocación de ley, calcula en torno a 20.000 las familias afectadas por la medida.
"Algunas no pueden pasar del estatus de residencia temporal al de ciudadanía, mientras que otras se ven forzadas a vivir separadas o a escondidas, de forma ilegal, con las consecuencias que ello tiene para los hijos. Hay quien ha optado directamente por irse a vivir a territorio palestino o a Europa", explica.
Hatel Hayat, originario de Cesarea (Israel), es de los que puede compartir el día a día en Israel con su mujer Yasmín, de Naplusa (Cisjordania), pero a costa de una vida plagada de dificultades.
"Mi mujer tiene un permiso temporal que debe renovar en Naplusa cada seis meses y en el que especifica que no puede trabajar, ni estudiar ni conducir un coche", explica.
Las familias y grupos contrarios a la ley opinan que es una medida "racista" porque niega derechos universales a todo un grupo de población e "innecesaria" desde el punto de vista de la seguridad porque los servicios de inteligencia israelíes ya analizan caso por caso el historial de quienes piden la reunificación.
"Es un castigo colectivo en base a un puñado de casos", subraya Melanie Takefman, de la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI), que junto con Adalah, el Centro Hamoked de Defensa del Individuo y la diputada izquierdista Zahava Gal-On, forman la punta de lanza contra la iniciativa.
En la última vista del proceso judicial, celebrada el mes pasado, la fiscal, Yoji Gnesin, argumentó que la ley salva la vida de israelíes porque los grupos armados palestinos tratan de infiltrar terroristas por medio de la reunificación familiar, lo que hace insuficientes los controles previos.
Sin aportar nombres o detalles, la fiscal dijo durante la vista que 632 de los palestinos que obtuvieron autorización preliminar para la reunificación desde 2005 estaban "vinculados a actividades terroristas".
"El pasado no nos dice nada sobre el futuro. El hecho de que una persona haya podido entrar en Israel (...) no significa que no suponga un peligro futuro para la seguridad del país", defendía el Estado en 2003 al justificar su aprobación.
"¿Qué significa ´vinculación a actividades terroristas´? El Estado no lo explica. Además, los datos se contradicen con otros presentados antes. El problema es que la ley considera un peligro a toda una etnia, no a individuos concretos, lo que supone una gravísima violación del derecho a la igualdad, motivada en realidad por motivos demográficos", critica Cohen.
Amos Schocken, editor del diario progresista "Haaretz", no se muerde la lengua: "Es mejor que no rehuyamos la verdad: la existencia de la Ley de Ciudadanía en nuestro cuerpo legal convierte a Israel en un Estado de ´apartheid´".
Las cuatro organizaciones de la derecha israelí presentadas como acusación particular (Shurat Hadin, Fence for Life, Im Tirtzu y Nuevo Movimiento Sionista) defienden abiertamente que el objetivo del texto no es la seguridad a corto plazo, sino ganar la "guerra demográfica", es decir, impedir a toda costa que Israel pierda su mayoría judía para garantizar así su existencia futura.
"Es una cuestión de vida o muerte. Si perdemos la mayoría judía, los musulmanes nos matarán a todos porque no toleran al resto de religiones", señala el presidente de Fence for Life, Ilan Tsion, quien considera "normal" que Israel "discrimine entre judíos y árabes" al haber sido creado como Estado judío.
De momento y sin fecha para una nueva vista, el Supremo sigue dilucidando.
Fuente: Jerusalén, 27 (EFE).-
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