Estatuto autonómico de Oruro, política y progreso

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El Proyecto de Estatuto Autonómico de Oruro, fue aprobado por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2014, por lo que sólo queda el pronunciamiento de los ciudadanos orureños a través del Referéndum, que lo rechazará o aprobará. Dicho Estatuto, es el referente normativo para las actividades que se desarrollan en el ámbito productivo, cultural, social y tecnológico de la región.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización determina que la finalidad del régimen de autonomías, es distribuir las funciones político-administrativas del Estado, de manera equilibrada y sostenible en el territorio, para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país.

Es así que también en dicha Ley, se menciona la única función de la autonomía departamental, que consiste en: "impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción". Por otro lado, se menciona también el régimen jurídico autonómico, determinando que las normas que regulan las autonomías son: la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, leyes que regulen la materia y el estatuto autonómico o carta orgánica; aclarando también, que si no existe norma autonómica en las regiones, se aplicará la norma central del Estado.

Lo que debe quedar claro; por lo mencionado anteriormente, es que el Estatuto es una norma que puede constituirse como complementaria a la norma nacional, simplemente reproducir y refrendar la misma, o puede no existir, ya que en este último caso, las normas nacionales podrán ser aplicadas y por supuesto, la autonomía ser ejercida.

La ley Marco de Autonomías fue aprobada el año 2010, y al parecer resta importancia y limita a los Estatutos Autonómicos o Cartas Orgánicas de las regiones. Sin embargo, cabe preguntar si las regiones han ejercido de manera efectiva las autonomías, a cinco años de su aprobación; y si la existencia de un Estatuto, cambiará la realidad de nuestra región.

Es claro que todos estos años podían aplicarse de manera efectiva las leyes para lograr una intervención del Estado que realmente apoye al desarrollo de la región y al de nuestros ciudadanos.

La importancia del apoyo efectivo del Estado, especialmente en el área económico-productiva, radica en el hecho de que la población no cuenta con los medios suficientes para hacer sostenible su vida y la de sus familias. Si bien, la salud, la educación y el medio ambiente, entre otros, son de suma importancia, la población requiere empleo, y la opción de que su sueldo o salario les permita consumir bienes y servicios de manera suficiente. Por lo tanto, el ciclo de empleo y producción es vital, y en mi opinión, significa más de un 50% del bienestar de la sociedad.

Otro apunte importante es que el 80% de la población vive en la economía informal y el 70% del empleo lo genera la micro y pequeña empresa. En el caso de Oruro, la región ha vivido durante muchos años del comercio, y en los últimos años también de la minería, por la nueva coyuntura de precios. Sin embargo, si bien la primera podría considerarse como sostenible en el tiempo, no genera valor agregado, o sea, no soluciona del todo los problemas de empleo, y en los últimos años se ha trasladado a los centros poblacionales con mayor capacidad de consumo (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). La segunda, todos conocemos que sobrevivirá mientras los precios internacionales se mantengan, cosa que ya es dudosa en la actualidad. En este sentido, y si la realidad nos indica que la industria en Oruro es casi inexistente y la generación de empleo también, es que hoy más que nunca, vemos la necesidad de que nuestras autoridades y gobiernos subnacionales apoyen verdaderamente al empleo y a la producción en pro de una economía sostenible. En realidad, creo que un Estatuto Autonómico o Carta Orgánica generarían mucha expectativa en la sociedad si solucionarían esto que es básico para la subsistencia y progreso de nuestra región.

Como un apunte importante para dar a conocer a la población; quiero reiterar desde mi punto de vista, que el Estatuto Autonómico es un documento que se encuentra muy limitado por el cuerpo legislativo nacional, y poco o nada, puede hacerse para que realmente esta norma pueda mejorar la situación de los orureños. Desde el 2010 hasta la fecha, sólo aplicando la legislación existente, ya se pudo avanzar mucho en materia de generación de empleo y producción, como veremos a continuación.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 110, establece la transferencia de recursos públicos en especie o en efectivo a organizaciones económico - productivas, con el objeto de estimular la actividad productiva y la generación de proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva y salud.

En la misma Ley, en su artículo 92, parágrafo II, se determina las competencias de la Gobernación respecto al desarrollo productivo. En resumen, se permite crear en coordinación con el Gobierno central, una institucionalidad para el financiamiento del desarrollo productivo; apoyo efectivo para mejorar y aumentar la competitividad, la productividad, y los niveles de comercialización. Asimismo, en el inciso 8, menciona: fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización administrativa y empresarial.

Por otro lado, en los Decretos 28421 y 29565 acerca de la utilización de los recursos del Impuesto a los Hidrocarburos se establecen en general las siguientes competencias para la utilización de estos recursos: promoción de procesos del Desarrollo Económico Local; Infraestructura Básica; Infraestructura Productiva y de Comercialización; Centros de Capacitación, Investigación, Innovación Tecnológica y otros; Fortalecimiento de las capacidades de los Productores (asistencia técnica; apoyo en la gestión del negocio; Apoyo para equipamiento, materiales e insumos; servicios financieros; comercialización y acceso a mercados), y; Participación en Empresas Mixtas.

Este cuerpo normativo, nos permite dar un apoyo efectivo a nuestra micro y pequeña empresa, dependiendo de lo estratégico del rubro. Para dar un ejemplo, en anteriores días el alcalde electo, manifestó que retomará el proyecto de las panaderías vecinales debido a las necesidades básicas de la población. Aplicando este cuerpo normativo, el Municipio podría invertir en el equipamiento de las panaderías y los microempresarios panaderos o los vecinos podrían administrar y trabajar en las mismas, en la modalidad de comodato y una parte a fondo perdido.

En realidad, todo esto depende de una Ley Municipal (en este caso) de apoyo al sector productivo que norme las modalidades de financiamiento y apoyo. Mi persona, el año 2011, a través de un trabajo conjunto y coordinado con los dirigentes orureños de las micro y pequeñas empresas, presentó un Proyecto de Ley con ésta y muchas más características ante el ejecutivo municipal, pero lamentablemente, no se le dio ninguna importancia debida. Sin embargo, esperamos volver a presentarla en breve, para que las nuevas autoridades puedan hacer algo para mejorar la competitividad y el empleo en nuestro municipio.

Retomando el análisis del proyecto de Estatuto Autonómico, afirmamos que dicha norma solamente reproduce la Constitución, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, otras leyes nacionales, la declaración de derechos humanos, así como algunas características departamentales, especialmente en la primera parte. Algunos analistas encontraron algunos errores de importancia, y manifiestan que la redacción no es buena y tiene carencia o falta de estilo, sin embargo, podemos afirmar que la redacción del documento, es tan general que permitirá derivar leyes departamentales que pueden o no, incidir en el desarrollo de la región.

De acuerdo al análisis y revisión realizado por mi persona, el Estatuto no tiene nada nuevo ni creativo. Varios Asambleístas de la gestión pasada manifestaban algunas cuestiones positivas introducidas en el Estatuto, que las mencionaremos a continuación.

Se dio a conocer que ahora Oruro podrá participar de los dividendos o renta minera. En el artículo 86 del Estatuto dice: "el Gobierno Autónomo Departamental, reivindica el derecho de Oruro a participar de los dividendos?". Por lo tanto, si bien reivindicamos nuestro derecho, eso no significa de ninguna manera que esto se haga efectivo. La política minera en general y la creación de empresas en toda o parte de la cadena productiva minera, es competencia exclusiva del nivel Central del Estado. En el mismo orden de ideas, dijeron que ahora el Gobierno Central deberá compensar al pueblo de Oruro por los pasivos ambientales históricos. Sin embargo, en el artículo 92 del Estatuto, se dice que el Gobierno Autónomo Departamental realizará las gestiones que correspondan ante el nivel central del Estado para la atención y remediación de los impactos ambientales producidos por estos pasivos. Queda claro que, sin necesidad de que este artículo esté en el Estatuto, estas gestiones podían haberse hecho ya hace muchos años, ya que la decisión sólo depende del nivel central de gobierno, y no de los orureños. Por último en el tema minero, muchos ciudadanos reclamaron que no se introdujo en el Estatuto nada sobre exploración, sin embargo, recordemos nuevamente que esa es una competencia exclusiva del gobierno central, cuyos esfuerzos en este campo, fueron nulos.

Por otro lado, en el Estatuto se reconoce como prioridad para los orureños, el Puerto Seco y los Corredores Bioceánicos, sin embargo, éstas ya son prioridades desde hace muchos años y nunca pudimos concretarlas. Por lo que, pese a estar en el Estatuto, de ninguna manera significa que no puedan transcurrir otros 50 años más para que se hagan realidad. Preferimos construir un teleférico a contar con un corredor bioceánico.

Sobre la política económico-productiva, en el artículo 71 del Estatuto se determina que se generarán incentivos tributarios a la inversión. Sin embargo, esto es otra vez, en parte, competencia del gobierno central; y por otro lado, Oruro cuenta con leyes nacionales de "Liberación de Impuestos" que datan de los años 1986, luego que fue modificada, se promulgó otra el año 1988, y la misma fue reeditada el año 2004. Ninguna de estas leyes fue reglamentada y aplicada, por lo tanto, si en 29 años no se pudo hacer nada al respecto, el Estatuto; otra vez, no nos asegura nada.

Para concluir, el Estatuto de Oruro, no toma en cuenta aspectos como Certificación, Reconocimiento e Incentivo efectivo a la actividad económica de la región, el gobierno departamental parece ser simplemente un prestador de servicios, y no así, una institución que pueda incentivar de manera decidida la economía. No se mencionan las Compras Estatales, como un mecanismo de promoción e incentivo a las empresas orureñas. No se menciona nada sobre Distribución de los Recursos del Departamento, ni Priorización de sus inversiones. En el artículo 73, se promueve la creación de mecanismos de transferencia de recursos para el desarrollo productivo, mención que nos parece totalmente insuficiente, cuando se podía haber explotado mucho más esta posibilidad y competencia. Y sin duda, muchos otros aspectos fueron descuidados.

Si bien nuestro Estatuto Autonómico; según mi criterio, debería ser aprobado ya que posteriormente puede ser modificado y reforzado de acuerdo a las necesidades de la región, quiero enfatizar, que dicha aprobación, no determinará el progreso y la sostenibilidad de nuestra economía, y que sólo la voluntad política y la capacidad técnica de nuestras autoridades, así como la voluntad decidida de todos los ciudadanos orureños, serán los factores que determinen mejores días para nuestra querida tierra.