Una normativa que era esperada por mucho tiempo fue por fin promulgada por el Gobierno, se trata de la Ley de Conciliación y Arbitraje que demandaban los empresarios bolivianos con el fin de que se garanticen las inversiones privadas nacionales y extranjeras.
El empresariado privado que estaba pendiente de la aprobación de la nueva ley, casi de inmediato anunció que en la presente gestión invertirá por lo menos unos 3 mil millones de dólares para impulsar el crecimiento de la economía, de modo que se alcance el previsto de 5 por ciento en el Producto Interno Bruto, PIB.
En los niveles oficiales se aludió el cumplimiento de compromisos con el sector empresarial ya que la Ley de Conciliación y Arbitraje es el complemento de la otra ya vigente Ley de Promoción de Inversiones, con lo que se garantizan al futuro todas las inversiones que se hagan tanto con capitales internacionales como con aportes nacionales para mejorar los sistemas productivos en el país.
El Presidente del Estado puntualizó que con ambas normas ningún sector empresarial puede quejarse de "que no hay seguridad jurídica" porque la misma está garantizada. Añadió la autoridad que "el Gobierno no ha impuesto la ley de inversiones ni la ley de conciliación, ambas fueron consensuadas y por lo tanto la inversión pública está garantizada y eso permitirá seguir creciendo en la economía".
El ejecutivo del máximo organismo empresarial, reconoció que con la aprobación de la nueva ley, "el Gobierno cumplió su compromiso de aprobar normas para el desarrollo del sector privado, garantizando la inversión y la producción, elementos que sólo se dan cuando existe confianza para seguir apostando por el país".
Por el adelanto del sector empresarial se dispondrá de 3 mil millones de dólares, recursos que se destinarán a sectores de hidrocarburos, manufactura, agricultura, ganadería, finanzas, transporte, construcción, comercio y almacenamiento, entre otros, suponiéndose que en estos últimos se consignará la minería como uno de los rubros más necesitados de inversión para su fortalecimiento.
La promulgación de las normativas que tienen que ver con las garantías para invertir, por una parte y tener medios correctos de conciliación y arbitrajes, es un adelanto positivo en el relacionamiento con inversionistas, ya que quedarán abiertas las fronteras para que socios extranjeros, conociendo las reglas de juego se animen a mover capitales y tecnología, estando vigentes medidas de estabilidad, que era lo que faltaba en el proceso de arriesgar capitales.
Hay cambios importantes en el país, particularmente en materia de impulsar el crecimiento productivo en el que necesariamente debe estar incluido el sector del empresariado privado, como parte sustancial de la estrategia futura del desarrollo nacional. El Estado continuará trabajando en fomentar la inversión pública, pero con la alternativa de abrir y ceder posiciones al empresariado privado para consolidar planes de envergadura, que significarán más fuentes de empleo, mayor crecimiento de la economía en conjunto y por supuesto una relación más directa en la realidad de compartir y competir en los proyectos de crecimiento productivo.
Las reglas de juego están dadas, son parte del paquete de normas que permiten un claro desarrollo del país, bajo normas de seguridad y tranquilidad para efectuar inversiones e impulsar nuevos emprendimientos, especialmente aquellos que necesitan mejorar condiciones de infraestructura y tecnología. Lo importante de aquí adelante será que las leyes y reglamentos se cumplan objetivamente.
Fuente: LA PATRIA
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