Domingo 28 de junio de 2015
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En los últimos años América Latina ha pasado a ser el escenario de una serie de campañas a favor de la despenalización y legalización del aborto. En la actualidad son ya varios los países sudamericanos, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, los escenarios de esta ofensiva abortista. La estrategia actual más utilizada consiste en abrir resquicios jurídicos de despenalización gradual del aborto, hasta llegar a su total legalización, corriendo el Estado con el pago de los gastos de la "interrupción legal del embarazo". Con este eufemismo se busca ocultar que el aborto consiste en el asesinato de un ser humano en gestación totalmente indefenso e inocente.
Un ejemplo de lo dicho ha sucedido en Bolivia. El 13 de marzo de 2012, la diputada masista, Patricia Mancilla, con el apoyo financiero de la organización abortista yanqui IPAS, presentó ante el Tribunal Constitucional de Bolivia un recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal, vigente en Bolivia.
Uno de los artículos cuestionados era el 266 que en su primer inciso declara la impunidad del aborto cuando hubiere sido consecuencia de un delito de violación, siempre que la acción penal se hubiese iniciado. En la demanda de inconstitucionalidad se argumentaba que iniciar una acción penal es moroso por lo que propone sustituir ese requisito por una simple denuncia de violación. De esta manera no habría que esperar a que una autoridad judicial autorizase el aborto y se evitarían trámites judiciales que dan lugar a que el embarazo avance en su desarrollo.
