En los altos niveles del sector oficial se menciona que el Pacto Fiscal que se aplicará como normativa de administración en el uso de los recursos públicos tiene la finalidad de buscar la eficiencia necesaria para gastar el dinero que sea provisto desde el Estado a los gobiernos subnacionales.
El Ministerio de Autonomías tiene la responsabilidad de manejar de manera objetiva la relación con las autoridades elegidas en marzo pasado a través de un diálogo abierto que permita despejar dudas y afianzar el valor de lo que realmente constituye el pacto fiscal.
Una primerísima explicación señala que "el pacto fiscal no es sólo redistribuir recursos, sino hacer buen uso de los mismos, es una relación democrática, es diálogo a fin de analizar las propuestas de los diferentes actores subnacionales". Se explica también que la interrelación permitirá definir el uso más eficiente de los recursos públicos, mediante el diagnóstico de las fuentes de recursos y la normativa que los regula.
En el cronograma que está en ejecución corresponderá al Consejo Nacional de Autonomías (CNA) abrir un debate amplio con los directos responsables del manejo de fondos públicos, toda vez que ha sido modificada la Ley de Autonomías y el Ejecutivo está en condiciones de convocar a otra sesión para considerar ampliamente entre septiembre y octubre próximo este delicado problema.
Los cambios que se han hecho en la ley, son de forma y no de fondo, por lo que se menciona en el informe ministerial pertinente y tienen relación con la inclusión del Vicepresidente y del Ministro de Economía en el CNA y por otra parte variar la periodicidad de las sesiones del organismo que controla el pacto fiscal.
En los departamentos nacionales persisten muchas dudas en torno a la asignación de recursos, las fuentes de donde provienen, posibilidad de lograr financiamientos externos, pero además la generación de fondos "propios" producto del uso de los recursos naturales de cada departamento, estos aspectos tendrán que despejarse paulatinamente en próximas reuniones del CNA, que ha programado hasta cinco de estas instancias para definir la aplicación técnica operativa del pacto fiscal.
Vale la pena tomar en cuenta lo que se informa en el Ministerio de Autonomías, sobre este peliagudo asunto del pacto fiscal, tomando en cuenta que en la presente gestión, seguramente hacia el último trimestre del año, se aprobarán los estatutos y reglamentos regionales a través de consultas populares en por lo menos cinco distritos, que estarán pendientes de establecer los sistemas más viables y operativos para el manejo de sus presupuestos anuales, que entre otras cosas tendrán también que estar saneados para cubrir las obligaciones que están siendo contraídas para la ejecución de proyectos, unos en vías de conclusión, otros de reciente ejecución y los que se planifican para su concreción futura.
Por estas circunstancias que son evidentemente parte de una realidad vigente, es menester que se aclare la figura particularmente operativa en la aplicación del pacto fiscal, un proceso que como se observa ya tiene bastante tiempo en su fase inicial y necesita consolidarse para que cada departamento conozca exactamente con qué recursos cuenta, montos, y mecanismos para el uso eficiente de ese dinero.
Muchos han sido los perjuicios ocasionados por el sistema de administración centralizada, como se ha reclamado en varios distritos. Oruro ha confrontado parte de esos problemas, por eso espera que el pacto fiscal corrija y elimine esos problemas.
Fuente: LA PATRIA
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