Ya es tiempo de poner orden en las instituciones de servicio, empezando por la Prefectura y la Alcaldía que justamente tienen prioridad en el manejo de estos servicios para beneficio comunitario. Lo malo del asunto es que en muchos casos tales servicios no llegan a los destinatarios, vecinos de las diferentes urbanizaciones de una ciudad en permanente crecimiento.
Instituciones de especifico trabajo y dotación de servicios como Elfeosa de energía eléctrica, el caso de SeLA destinado a dotación de agua y control del sistema de alcantarillado o la cooperativa de teléfonos tienen obligaciones muy concretas que no pueden ser alteradas por el entusiasmo o las promesas de dirigentes vecinales que se convirtieron en políticos, aprovechando la “inocencia” de los vecinos.
Si se trata del ordenamiento de la ciudad el municipio es absolutamente responsables de esa tarea, aunque hasta el presente persista el caos en el mismo centro de la ciudad, pero se trata de un factor inherente a la falta de capacidad y autoridad de los mandantes, digámoslo por su nombre, los concejiles que dictan normas y no las hacen cumplir.
La Prefectura que dentro de su política de servicio comunitario compite en algunos casos con la Alcaldía hace uso de presupuestos para mejorar ciertos servicios esenciales y aparece entrometiéndose en proyectos que no son de su competencia, descuidando sus específicas funciones que tienen que ver con los proyectos de saneamiento básico particularmente en el área rural.
Agua y alcantarillado, deben ser la competencia directa del Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SeLA), toda vez que se dispuso la transferencia de todas las responsabilidades del caso a una entidad que debe dedicarse sólo a mejorar la dotación de agua potable y en adelante la instalación de servicios de alcantarillado en toda la ciudad. No puede ni deberían haber instituciones paralelas que rompan la competencia de las ya establecidas.
Las acciones políticas hacen daño a las entidades de servicio particularmente si de por medio hay intereses subalternos que comprometen a dirigentes y vecinos, creando malestar en los barrios y postergando el cumplimiento de los proyectos de saneamiento básico.
No se trata de una competencia entre sectores o dirigentes, lo principal es que se cumplan los compromisos con las juntas vecinales de manera que la dotación de imprescindibles servicios no sean parte de facturas políticas, sino producto de la responsabilidad de autoridades y ejecutivos de entidades especializadas en mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad.
En Oruro menos mal que no se llegará a una “guerra del agua”, tampoco a una batalla por alcantarillado, entendiendo que aclarado el panorama corresponde exigir el cumplimiento de proyectos, asignando responsabilidades a quienes compete ejecutar obras, sean para dotar de agua como para instalar alcantarillado, son obligaciones mayores, no sujetas a la voluntad de algunos malos dirigentes.
Fuente: LA PATRIA
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