Sábado 20 de junio de 2015
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En estos días, el Ministro de Defensa, Reymi Ferreira y el Procurador General, Héctor Arce (la máxima autoridad que defiende los intereses del Estado) visitan China con el objetivo de recuperar los millones de dólares posiblemente perdidos por la compra fallida de unas barcazas que nunca llegaron al país.
El caso fue develado por un periódico paceño que publicó documentos sobre el contrato, los pagos adelantados, la falta de entrega del bien comprado y el deterioro de las posibles 16 embarcaciones y sus accesorios. El presunto fraude de la entidad involucrada cuesta a los bolivianos aproximadamente 30 millones de dólares y la gira actual no logrará su recuperación completa.
Del primer informe han pasado varios años; sin embargo no existen presos, sino alguno con detención domiciliaria y difícilmente se conseguirá que los presuntos cómplices paguen por la responsabilidad civil. ¿Cómo es posible que la lucha contra la corrupción se detenga cuando se trata de altos jefes militares? Semejante gasto, ¿fue desconocido por la Máxima Autoridad Ejecutiva del sector?
No es el único caso. Después de meses de la participación de brigadas uniformadas en el mejoramiento del camino La Paz-Chulumani, de los retrasos obvios en el reforzamiento de los puentes, es difícil saber si las obras continúan o no o sobre los plazos no cumplidos y, sobre todo, quiénes son los culpables.