Sábado 20 de junio de 2015
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El Decreto Supremo 2366, recientemente aprobado, se inscribe en la política de otorgar incentivos a la exploración de los hidrocarburos, permitiendo que territorios destinados a la conservación de la biodiversidad - Áreas Protegidas (AP) - se abran a la actividad petrolera.
El mencionado decreto tiene pros económicos y contras ambientales y es una muestra del "proceso de cambio" del partido de Gobierno desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 3058, cuando se opuso terminantemente a cualquier forma de exploración petrolera en las AP, llegando a ponerle un candado legal en la nueva Constitución. Entonces el MAS buscaba votos y apoyo de las organizaciones ambientalistas para su proyecto de ley, ahora busca recursos para seguir gastando a mansalva. El objetivo ha cambiado, pero la lógica es la misma: antes que la suerte de las AP está el interés político.
Hay que estar conscientes de que, una vez que se permite ingresar a un Área Protegida, ésta se vuelve desprotegida para toda actividad, principalmente cuando esta última viene envuelta de un manto "social" como es el caso de las cooperativas mineras o de los cultivos de coca.
