Si hay algo que debe preocupar a toda la colectividad es lograr que nuestro país recupere la confianza ante los ojos externos, lo que significa dar seguridad para que se concreten inversiones y se amplíen las condiciones favorables a nuevos proyectos de desarrollo en diferentes áreas de la actividad productiva.
Es evidente que el país goza de buena salud económica, como lo sostienen nuestras autoridades y como se observa en los hechos, cuando las cifras de nuestras reservas se mantienen como parte especial del "colchón financiero" que nos produce sosiego ante posibles contingencias financieras.
En materia social todavía se atraviesan algunas condiciones adversas, como el caso de inestabilidad en la minería debido a la caída de precios, pero además por algunas presiones ejercitadas por sectores de amplio contingente humano como los cooperativistas y el rechazo de mineros asalariados del sector estatal que no admiten intenciones de expansión en áreas de trabajo, caso concreto de una mina rentable como Colquiri.
Pero no es todo, la inseguridad en el mismo e importante sistema productivo tiene que ver con frecuentes avasallamientos a propiedades privadas que hacen muy dudosas las condiciones para encarar buenos negocios, en los que se incluyan tecnología de punta y contratación de profesionales de alto nivel. Si no hay mínimas garantías a las inversiones, incluso las nacionales, es difícil pensar en un arranque de desarrollo sostenido.
Algo que no puede cambiarse es el hecho de pretender captar inversiones en un clima social de incertidumbre, no se puede generar riqueza para diversificar la economía y crear miles de empleos si antes no se definen políticas precisas para atraer inversiones que en buen número y monto están cuantificando los planes de crecimiento de países vecinos.
Nuestra economía está sólida, evidentemente, pero los negocios no pueden ser cubiertos en su totalidad con los recursos del Erario Nacional y sus reservas, es importante, necesario e inevitable que se abran las puertas a las inversiones de todo género, que hay muchas y están pendientes de que se den las condiciones apropiadas en nuestro medio.
Los empresarios privados del país plantean una pronta aprobación del reglamento a la Ley de Inversiones, sin cuyo instrumento es muy difícil, casi imposible, contar con nuevos prospectos industriales, mineros, incluso los que se necesitan para ampliar la producción agrícola, ganadera, turística y de otros niveles que esperan financiamientos de apoyo crediticio en condiciones favorables.
El empresariado boliviano específicamente anticipó inversiones por encima de los 1.500 millones de dólares, pero esperan que se definan plenamente las reglas de juego para disponer sus recursos y encarar algunos proyectos pendientes que se constituirán en fuentes de empleo, pago de impuestos y competencia en calidad y precio con lo que nos traen de contrabando o vía importación de países asiáticos.
Lo que se quiere es mostrar, adentro y afuera, un clima de seriedad y compromiso para cumplir las leyes, otorgar las garantías necesarias para que la seguridad jurídica sea un hecho y no sólo un enunciado, de esa forma podrá recuperarse confianza y captar las inversiones necesarias para impulsar los más importantes sectores productivos de nuestro país.
Un apoyo más es importante, la acción legislativa para crear instrumentos legales de incentivo a las inversiones, menos impuestos, más facilidades para romper la burocracia centralista y favorecer a las regiones. Premisas del tiempo presente.
Fuente: LA PATRIA
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