La incitación a la autoinculpación como forma criminal de poder
11 jun 2015
Adhemar Ávalos Ortiz
La degeneración de la justicia boliviana alcanza límites intolerables. Jueces y fiscales ejecutan juicios de manera perversa, obligando a inocentes a autoinculparse. La razón de los que se delatan sin haber cometido ningún delito pasa por aceptar culpa ajena, si no pasarían en la cárcel muchísimos años. Este tortuoso proceso empieza en la Policía, continúa en la Fiscalía, donde se "arregla una confesión" y termina en un "un juicio abreviado". Y la víctima es acusada judicialmente por circunstancialmente haber estado presente en el lugar de los hechos o por haberse inventado pruebas contra ella. Como en Bolivia no dominan procedimientos técnicos de análisis forense, entonces las pruebas son vagas y conducen a juicios errados: 70% de casos judiciales no han sido resueltos hasta la fecha y los condenados en vida van muriendo poco a poco en condición de detenidos preventivos.
Últimamente se produjeron dos hechos reprobables en el sentido de torcer la justicia. El primero fue el "caso Alexander", cuando un bebé murió en circunstancias no aclaradas. La investigación de la Fiscalía fue por demás incompetente. El primer caso tiene que ver con Naty Choquetarqui, la auxiliar de enfermería que atendió al bebé Alexander en el Hospital del Niño de La Paz. Ella tuvo que reconocer su culpa y participación en los hechos, contra su voluntad, que desencadenaron en la muerte del pequeño y solicitó ir al procedimiento acelerado, una forma jurídica que implica condenarse para abreviar un proceso aunque no seas culpable. El procedimiento jurídico es perverso ya que contiene elementos de tortura física y psicológica. Lo que sucede en celdas policiales es indignante. Sus métodos obligan a confesar una culpa no realizada.
La confesión de Madeleine Pahe se produjo dos horas después de que la mamá sustituta del bebé, Naty Choquetarqui, de 19 años, hiciera lo mismo y fuera sentenciada a cinco años de cárcel por homicidio culposo, pese a que en la imputación inicial en su contra fue por infanticidio, algo que no fue demostrado con evidencias claras. El descuido no necesariamente significa delito. La culpa radica en autoridades departamentales que no asumen su rol de velar por niñas y niños desprotegidos y no desarrollan procesos sostenibles de protección de estos con condiciones materiales y métodos adecuados.
Madeleine Pahe cambió su versión inicial de los hechos y -según el fiscal departamental de La Paz, Paúl Franco- reconoció que el 13 de noviembre de 2014 encontró al bebé con sangre en la región anal, lo bañó y después lo entregó a la enfermera L.R., quien lo llevó al Hospital del Niño. Y la contradicción se encuentra en su afirmación de que la noche del suceso reconoció la presencia del médico J.F. en el albergue. Con esto, y otros elementos, la Fiscalía apunta al galeno como el responsable de la violación y muerte de Alexander, un hecho no demostrado. La simple presencia de una persona no es condición de culpa. La Fiscalía no investigó con inteligencia.
La abogada de Madeleine Pahe, Elizabeth Viscarra, piensa sacar libre a su defendida en menos de un año, pese a que el lunes recibió la máxima pena por homicidio culposo: cinco años de cárcel. Este es el costo de autoinculparse, reconocer una culpa no provocada y ratificar un sistema judicial perverso, el que está lejos de corregirse porque lleva en su seno la perfidia.
Y el otro caso tiene que ver con el asunto del "terrorismo separatista en Santa Cruz" cuando algunos supuestos culpables se autoinculparon para salir libres. Este es un hecho que ratifica la personalidad maquiavélica del Gobierno de Bolivia y su instrumentación descarada de los órganos de poder, en este caso del judicial. Es aberrante que todavía se hable de reformar la justicia del país cuando los actores políticos no se encuentran dispuestos a jugar sin trampas.
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