Jueves 04 de junio de 2015
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Es tan evidente la corrupción en el fútbol profesional que, cuando quise documentarme para escribir este artículo, encontré tantos sobre el tema en el archivo de mi columna que no supe cuáles utilizar como referencia.
Y es que esa corrupción estuvo ahí, a la vista de todos, cuando algunos árbitros no pitaban una falta clarísima o se inventaban infracciones en contra del equipo chico que enfrentaba al grande. En marzo de 2002, por ejemplo, los potosinos fuimos testigos de la deplorable actuación del árbitro ecuatoriano Pedro Senatore Ramos en el partido entre Real Potosí y Peñarol por la Copa Libertadores de América. Cuando le pregunté al entonces presidente del equipo lila, Samuel Blanco, si se impugnaría la actuación del colegiado, él me respondió que no porque eso significaba enfrentarse a un poderoso monstruo corporativo contra el que nada podía hacerse.
En ese entonces, la FIFA era una fortaleza inexpugnable cuya impunidad se replicaba en sus afiliadas. El blindaje que la cubría era sencillo: si algún gobierno intentaba inmiscuirse en el manejo de sus federaciones y/o asociaciones, el país involucrado sería desafiliado. Con esa amenaza, no sólo se arreglaba partidos sino campeonatos enteros; las sedes se asignaban a cambio de sumas estrambóticas que, en su parte no auditada, iban a parar a manos de los jerarcas, quienes, luego de embolsillarse su jugosa tajada, repartían las sobras entre sus subordinados. Así también se arreglaban reelecciones como las que mantuvieron en el poder a hombres como Joseph Blatter, Julio Grondona o Carlos Chávez.
