Ley de protección al vecino

Justamente cuando nuevos asambleístas y concejales iniciarán sus labores tanto en los gobiernos departamentales como en los municipales, puede resultar oportuna la idea de plasmar en una Ley Vecinal el pedido clamoroso de la ciudadanía para contar con un instrumento que defienda sus intereses y lo proteja ante una serie de irregularidades que afectan al cotidiano transeúnte o en otras instancias al propietario o al inquilino de un inmueble, por intolerancia de terceras personas que desconocen o ignoran deliberadamente disposiciones en vigencia.

La sugerencia tiene que ver más con el Concejo Municipal, organismo que debe dedicar su atención particularizada a la formulación de políticas a favor de la comunidad, elaborando normas que defiendan sus intereses, pero al mismo tiempo que obliguen al ciudadano común al cumplimiento de las mismas.

Se dice que el progreso es así, en todas partes disminuyen las áreas verdes, inclusive los parques y sitios que deberían servir para esparcimiento, las ciudades crecen hacia arriba con arquitectura moderna, pero fría y totalmente desprovista de elementos que estén ligados al medio ambiente y la cultura de espacio, aire y sol, factores naturales que no deberían ser alterados.

Otro tanto sucede en los barrios o urbanizaciones periféricas, cuando sencillas viviendas carecen de servicios básicos elementales o incluso son objeto del avasallamiento violento y negativo que altera el modus vivendi pacífico y en armonía con la naturaleza.

Es también preocupante que las calles, propiamente las aceras, sean ocupadas por enorme cantidad de materiales de construcción, piedras, tierra, fierros y otros obligando a los vecinos a sortear esas dificultades poniendo en riesgo su seguridad y comodidad.

Qué decir de muchas calles, principalmente del centro urbano en cuyas aceras se han acomodado y con autorización municipal, una cantidad enorme de comercio informal o tiendas y casetas que amplían su espacio de venta y restringen el tránsito seguro de peatones, todo bajo un régimen contradictorio del municipio.

En estas condiciones que son parte del diario vivir, se comete un flagrante atentado contra los derechos ciudadanos y no hay una norma específica que defienda a los vecinos, como cuando las propias autoridades ocasionan serios perjuicios a la gente con obras que se prolongan en el tiempo y que en muchos casos resultan tan malas que se convierten en un castigo para la vecindad.

Los concejos municipales deben encargarse de legislar para mejorar las condiciones de vida de la población, deben proyectar leyes que se apliquen cuidando el interés común y no el sectario motivo económico que complica el sector urbano, resta sitios de seguridad peatonal, cambia la característica arquitectónica tradicional y no respeta la potestad comunitaria.

El nuevo Concejo Municipal debe comenzar su labor, analizando los temas de impacto social, para crear leyes que defiendan a los vecinos, eliminen el caos urbano, garanticen la transitabilidad de personas en las aceras y recuperen la imagen de una ciudad ordenada, acogedora y segura. No es trabajo difícil, es cuestión de capacidad, ingenio y responsabilidad.

Fuente: LA PATRIA