Lo que sucede como corolario de un proceso electoral, recientemente pasado y que permitió por voluntad ciudadana el cambio de centenares de autoridades en todo el país, consignándose especialmente a gobernadores y asambleístas, alcaldes y concejales, obliga al cierre de gestión y apertura de un nuevo proceso aunque sea basado en los restos que dejan los que salen y sobre lo que se debe emplazar planes de continuidad y cumplimiento de promesas y programas de beneficio comunitario
En todas las gobernaciones y alcaldías absolutamente se producen actos de traspaso de mando, claro que en algunos casos como denuncian los afectados, no se cumplió un real programa de transición en el que unos debieron informar sobre lo que dejan y las flamantes autoridades tomar conocimiento de lo que deben hacer, conociendo las cuentas claras, los saldos financieros, los proyectos en fase de ejecución, los recientemente implementados y los que deberán ser objeto de atención especial para no perjudicar a la vecindad.
Se han calificado como trampas partidarias y políticas algunas actitudes de los que dejan cargos y se llevan documentos o simplemente no los revelan, dejando una estela de duda sobre hechos administrativos. Ese tipo de cosas reñidas con la ética funcionaria no perjudicará solamente a las flamantes autoridades sino a toda la población, pues algunas obras pueden detenerse, otras quizás no avancen con la celeridad necesaria y finalmente, pueden existir irregularidades que invaliden contratos, convenios o acuerdos para gastar los dineros del pueblo en su directo beneficio.
Varios programas municipales y obras emprendidas por la Gobernación están en observación, increíblemente por toda la gestión que llega a su fin, un quinquenio sin soluciones efectivas en algunas obras que por efecto del tiempo se han deteriorado sensiblemente y merecen atención de urgencia, la misma que además no se concreta definitivamente por falta de elementos legales que establezcan claramente responsabilidades pero al mismo tiempo se faciliten los medios para el cumplimiento de las metas establecidas.
Nada más como datos referenciales, el caso pendiente del distribuidor vehicular que une la Avenida Ejercito y la doble vía a Vinto, infraestructura con daños en actual reparación, inconclusa por falta de decisiones legales para expropiar terrenos por "necesidad pública" y terminar la obra de un verdadero distribuidor vehicular.
La transferencia del Hospital General San Juan de Dios, es otro asunto que se arrastra de mucho tiempo, aunque el nuevo alcalde anticipó que sólo se trata de mero trámite formalizar esa transferencia. Habrá que ver, para que realmente se abra una nueva alternativa administrativa en el nosocomio que comience por salvar su infraestructura y avance hacia su modernización con mayor eficiencia de servicios para la población.
Hay casos como los citados, otros de mayor incidencia en el desarrollo distrital, como la carretera Oruro - Pisiga, el Parque Industrial, el Puerto Seco, el depósito de basuras, establecer si es necesaria la ampliación del aeropuerto y la construcción de un viaducto, el embovedado del canal Tagarete, la edificación del moderno Mercado Central, pueden consignarse como prioridades que vienen de anteriores gestiones y que ojala puedan concretarse con las nuevas autoridades.
La población tiene presente que hay promesas que no podrán eludirse, como las referidas a priorizar la atención de servicios básicos para la comunidad, eso significa agua, alcantarillado, luz en domicilios y alumbrado público, buen estado de calles y defensa de espacios urbanos para los peatones. Responsabilidades de las autoridades.
Fuente: LA PATRIA
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