Procedimientos abreviados son una salida de solución voluntaria

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El Ministerio Público informó este sábado que los llamados procedimientos abreviados son una salida alternativa de solución voluntaria, aplicada sin ninguna presión, respaldada por la Constitución Política del Estado, que no vulneran los derechos y garantías constitucionales de las personas.

“Estos procedimientos tienen vigencia desde el 2001, es decir que están siendo aplicados desde hace 14 años”, recordó el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

Respondiendo a algunos cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos y la Iglesia Católica en sentido de que los procedimientos abreviados, como los que se están aplicando en Palmasola, violan garantías constitucionales de las personas, la máxima autoridad del Ministerio Público dejó en claro que se trata de una institución jurídica que flexibiliza, economiza y descongestiona el proceso penal, sin llegar al juicio oral.

Guerrero recordó que en algunos países hasta el 90% de los casos se resuelven por esta vía, reflejo de la madurez del sistema penal y la contundencia de los medios investigativos. Dijo además que estos procesos acarrean beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el uso de sus escasos recursos sin utilizar la fuerza.

“La víctima tiene a su alcance alternativas ágiles y consensuadas de solución a su conflicto humano en la medida que ello es posible y el imputado puede resolver el problema que ha causado con su actuación, recurriendo a alternativas menos violentas y estigmatizantes que las tradicionales, mucho más efectivas en función a la resocialización del individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de autodeterminación y responsabilidad”, explicó.

¿Cómo funciona?

Guerrero sostuvo que el procedimiento abreviado procede cuando el fiscal, el imputado y su abogado defensor se ponen de acuerdo para obviar el juicio oral y acortar el camino procesal para llegar a una sentencia justa. Esta salida alternativa es absolutamente voluntaria, para su aplicación deben concurrir muchos filtros, el primero de ellos es que antes se debe realizar una averiguación completa de la verdad material del hecho. Un segundo filtro es la evidencia de que el imputado es el autor del delito. Esto debe operarse en base a los elementos probatorios acopiados en la investigación. Luego recién se puede operar un acuerdo voluntario entre el imputado, su abogado defensor y el fiscal para la aplicación de la salida alternativa. Aquí juega un rol decisivo, la voluntad del imputado y la aceptación de su defensor.

Una vez que se superan estos filtros, se puede, siempre en base a las pruebas obtenidas y a la verdad material del hecho debidamente sustentada, acordar la pena que no es discrecional ni del Fiscal ni de la autoridad jurisdiccional. Si bien se efectúa un acuerdo para la pena a imponerse, esta debe estar dentro de los parámetros máximo y mínimo establecidos en el Código Penal para el delito que se está procesando.

Pero no solo ello, Guerrero explicó que los juicios abreviados también deben estar acordes a las circunstancias atenuantes, agravantes que se hubieran detectado en la investigación. Para eso están el Fiscal y el abogado defensor que asesora técnicamente al imputado.

Después se presenta la solicitud por el Fiscal ante el juez cautelar si es en etapa preparatoria o ante el Tribunal de Sentencia o Juez de Sentencia en etapa de juicio y éste en audiencia pública, previa citación a la víctima, determina la aplicación o no de esta salida alternativa.

La víctima tiene una participación importante en la aplicación de esta salida alternativa, ya que puede oponerse fundadamente a la aplicación del procedimiento abreviado. De ser así el Juez podrá negar la aplicación de esta salida alternativa y continuar el proceso hasta el juicio oral. En caso desfavorable, la víctima puede activar medios de impugnación ordinarios (apelación) o extraordinarios (acciones de defensa constitucional).

Ramiro Guerrero explicó que el juez ya sea cautelar o el Tribunal de Sentencia, tienen en sus manos la decisión de aplicar o no el procedimiento abreviado, y aclaró el Fisal General, “puede negarlo también cuando el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos”.

La autoridad jurisdiccional encargada de aplicar la salida alternativa de procedimiento abreviado, debe previamente constatar la existencia del hecho y verdad material, la participación del imputado, que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, que el reconocimiento de culpabilidad fue voluntario y que la víctima no se opone a la aplicación de esta salida alternativa.

Cumplidos estos pasos, se podrá recién emitir la sentencia correspondiente. En todo caso la pena acordada entre Ministerio Público e imputado no obliga al juez a dictar sentencia en uno u otro sentido. Él se reserva la última decisión.

En todo caso el imputado disconforme puede activar los medios de impugnación ordinarios (apelación) o extraordinarios (revisión de sentencia y acciones de defensa constitucional). Según Guerrero, la víctima obtiene oportuna reparación del daño, soluciona su conflicto sin mayores gastos ni pérdida de tiempo y evita la re victimización. Para el imputado, obtiene una solución distinta al juicio, evitando el daño económico, moral y social, no solo para él sino para su familia. De ese modo esclarece su situación legal en breve tiempo.

“Con la aplicación del procedimiento abreviado la administración de justicia cumple su rol, evitando la impunidad, estableciendo una sentencia justa y otorgándole a la víctima la posibilidad de reparar el daño que se le causo con el delito cometido en su contra”, finalizó la autoridad.

Fuente: La Paz, 16 (ANF).-