Una funcionaria del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba arrebató y secuestró la grabadora de la periodista del diario Opinión, Tatiana Castro, y posteriormente el secretario de sala borró los registros de sonido obtenidos durante una audiencia pública de cesación de medidas cautelares del dirigente universitario Jarlin Coca.
La agresión fue justificada por la funcionaria basándose en el artículo 331 del Código Penal que otorga a un juez la facultad de autorizar la instalación de equipos de grabación y evitar dificultades al proceso, pero la grabadora no interfería con la realización de la audiencia. Junto a Castro, otros periodistas y camarógrafos fueron increpados por la funcionaria que impidió el registro de sonido e imagen. Los voceros del tribunal se negaron a proporcionar la identidad de los funcionarios.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) condenó el hecho porque vulnera el trabajo periodístico protegido por convenciones internacionales, la Constitución Política del Estado (CPE) y el principio que otorga a las personas procesadas el derecho a ser escuchadas en público y a través de los medios de información.
La grabación borrada por el funcionario judicial guardaba como registro la lectura del fallo emitido por esta instancia y que determinó la continuidad de la detención preventiva del dirigente estudiantil acusado de provocar lesiones graves a policías, durante el conflicto de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que ingresó en la quinta semana.
El equipo legal de la organización que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia advirtió que durante el incidente los funcionarios judiciales incurrieron en los delitos de atentado a la libertad de trabajo, hurto (de la grabadora), con la agravante del borrado del registro de audio, y delitos contra el honor de las personas y sabotaje porque se atentó contra el medio de trabajo. La sanción mayor corresponde al delito de atentado contra la libertad de trabajo, con ocho años de reclusión de los responsables, según los abogados de la ANP.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, y la vocal de la Sala Penal Primera, Karen Gallardo, explicaron al diario Opinión que no hubo instrucciones para el decomiso de la grabadora. Atribuyeron el hecho a un “exceso” de los funcionarios e informaron que los responsables recibieron una llamada de atención.
“Lo que ha ocurrido es una muestra de la intolerancia y del abuso que se ejercita incluso desde niveles judiciales, que deberían ser los primeros, por su esencial función en la sociedad y en representación del Estado, en cumplir el supremo ideal humano que en ámbito general es la convivencia pacífica, respetuosa y justa”, expresó el diario de la ciudad de Cochabamba.
Fuente: Cochabamba, 14 (ANP)
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