La generación de empleos no pasa sólo por el ofrecimiento que hace el gobierno en el proyecto del Mutún, sino que muy bien se podría apoyar la reactivación de la minería chica para tener fuentes de trabajo y evitar una drástica migración de los mineros a otra región del país, con las consecuencias negativas que ello supone.
La minería chica por años, décadas y hasta siglos ha sido el principal sustento de la economía familiar de miles de trabajadores que rudimentariamente y de forma artesanal con gran sacrifico, al igual que los propietarios de los yacimientos, buscan recuperar el mineral de las entrañas de la tierra para entregar los concentrados y conseguir algunos ingresos económicos.
Pensar en reactivar este importante sector de la minería nacional, será darle un impulso a la economía regional y resolver en parte el problema social, más aún si se conoce que los proyectos mineros grandes están llegando a su culminación y por falta de incentivo del Estado y ante la ausencia de seguridad jurídica por los avasallamientos que son víctimas y las amenazas de ambientalistas, suspenderán sus operaciones productivas.
Sin minería el panorama económico es incierto para Oruro, puesto que no hay alternativa viable que reemplace a este importante sector en el corto plazo y más aún si todavía existen grandes dificultades para convertirnos en una región de servicios o cambiar nuestros nichos productivos. Mientras eso ocurre cada día aumenta el número del “Ejército de Desocupados” que entre la desesperanza y las promesas de nuevos empleos deambulan las calles para buscar trabajo.
La falta de adecuado control de los ingresos por el pago de las regalías mineras es una muestra inequívoca de la ausencia, la dejadez y hasta el nomeimportismo de las autoridades de la Prefectura del Departamento para reactivar la minería y contar con un plan de desarrollo minero que garantice una importante inversión para fomentar la actividad al menos para el próximo lustro, si no se alcanza a medir este crecimiento para la próxima década y peor aún no existe voluntad y capacidad para cuidar y proteger la principal actividad productiva regional reinvirtiendo las regalías para el desarrollo productivo minero.
Pensar en la migración de cientos de expertos desocupados, es volver a vivir el drama de la migración, porque los trabajadores que aspiran a tener una fuente laboral en el Mutún, tendrán que dejar a sus familias hasta “probar suerte” como ellos mencionan y después” ver sí pueden llevar a sus esposas e hijos” para insertarlas en una nueva realidad cuyo futuro es incierto.
Estas migraciones ya se dieron desde 1985 con la puesta en vigencia de la Nueva Política Económica durante la Administración Paz Estenssoro que dispuso una drástica reducción del número de trabajadores, el cierre de las minas y aplicando un eufemismo cruel “relocalizó” a miles de mineros que migraron y tuvieron que dedicarse a la actividad del transporte y el comercio.
Por falta de criterio de las autoridades, ahora no se incrementa la producción minera que requiere un incentivo, un fomento decidido y una actitud responsable, porque mientras el Ministro de Minería anuncia una importante inversión para instalar una Fundición de Zinc en Oruro y se realizan los trabajos para ampliar la Fundición de Estaño en Vinto, en el Gobierno Departamental se actúa con negligencia y no se buscan alternativas para desarrollar la minería chica.
El apoyo que se otorgó a la minería cooperativizada, constituye sólo un paliativo, mientras la gran minería languidece por ausencia de políticas de Estado que al igual que la minería chica, sufren los avasallamientos. Este error puede motivar un gran problema al futuro, porque se está destruyendo la minería, satanizando a los inversionistas, mientras países vecinos crecen con importantes inversiones de miles de millones de dólares para tener a corto plazo una economía estable y fuentes de trabajo seguras, fruto del desarrollo productivo minero.
Las nuevas autoridades que lleguen a la Prefectura del Departamento deberán asumir con responsabilidad el rol asignado por la propia Constitución Política del Estado, para procurar el cambio para conseguir que los bolivianos y con preferencia los orureños vivimos mejor, resultado de un trabajo planificado, dedicado, responsable y bien orientado para construir un futuro sostenible y sustentable con el tiempo, antes que actuar con la lógica anarquista de oponerse por oponerse o actuar en función de intereses particulares o de grupo. El desafío de reactivar la minería en Oruro es un reto que ningún candidato a la gobernación ni ninguna autoridad del gobierno nacional puede ignorar, hacerlo sería actuar con negligencia y falta de visión política, económica y social.
(*) Periodista.
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