Domingo 10 de mayo de 2015
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó, hace unos meses, que la tendencia que observamos desde hace meses de renacionalización de la política europea en materia de legislación de extranjería e inmigración es, a partir de ahora, irreversible. Ya no se trata de limitar los derechos de los extranjeros no comunitarios, sino de situar prácticamente en el mismo plano a los inmigrantes comunitarios, que disponen, seguramente no por mucho más tiempo, del derecho de libre residencia en los países de la Unión.
Esta evolución era inevitable, ya que Alemania, que ha fijado, desde 2010, las condiciones de recomposición del mercado europeo bajo su hegemonía imponiendo una política de austeridad destructiva para los países que no disponen de su mismo nivel de desarrollo económico y social, quiere hoy día, con el apoyo de los socialdemócratas, cambiar la concepción misma de la ciudadanía europea.
Encontró un pretexto para dicha evolución al utilizar el caso de una ciudadana rumana que estaba efectivamente en una situación indefendible, al probarse que solicitaba acceso a derechos sociales aunque rechazaba buscar un trabajo. Según la argumentación alemana esta persona es el emblema de una situación de “turismo social”, insoportable para el contribuyente alemán.
