Es tarea de todos defender la libertad de expresión

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El periodista Carlos Quispe, de 31 años, fue asesinado cuando estaba transmitiendo su programa, en el que hablaba contra el alcalde de Pucarani, una turba enardecida irrumpió abruptamente en las instalaciones de la radio y le arrebató la vida con golpes de palos y chicotes, mientras otro grupo destruía los equipos del medio de comunicación, Radio Municipal FM 90.7. Ocurrió hace 7 años y el caso, que tuvo móviles políticos, continúa en la impunidad.

Cuando se habla de libertad de expresión, por lo general los ciudadanos piensan que se trata de un asunto que sólo interesa a los periodistas, y por eso, cuando éstos se lanzan a la lucha por defenderla, la sociedad o se muestra indiferente o protesta contra quienes se mantienen en esa batalla.

Expresarse libremente es un derecho de todo ciudadano y, sin ir lejos, la Ley de Imprenta, que defienden los periodistas, en sus primeros artículos lo señala: Art. 1, “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley.”, que obviamente se refiere a que la gente no puede valerse de la prensa para calumniar, injuriar, faltar al respeto, insultar, en otras palabras, hacer daño a terceros.

Muchas personas se preguntan si la Ley de Imprenta protege a los periodistas titulados o lo hace hacia cualquier persona, la respuesta está en la misma norma y es claro que no protege a los hombres y mujeres de prensa, sino a quienes se constituyen en fuentes de información y a quienes reciben dicho insumo. En los artículos 8 y 9 se refiere a esto: “Art. 8.- El secreto en materia de imprenta es inviolable. Art. 9.- El editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo, sin requerimiento del Juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.

Por otra parte, si no hay quien se haga responsable de una publicación, firmada o no, quien o quienes asumen la carga de su contenido es el director o a falta de éste el editor. “Si los que aparecieran firmando una publicación como autores de ella no fuesen personas jurídicamente responsables, o no tuviesen la solvencia necesaria para responder por los delitos denunciados, será el director, y en su defecto, el editor, el responsable. A falta de éstos, y en todos los casos, las responsabilidades, penales o pecuniarias, recaerán sobre las personas enumeradas en el Art. 1o, siempre que sean distintas de aquéllos. La responsabilidad de las personas señaladas no es conjunta ni mancomunada, sino sucesiva, y se establece en el orden determinado.”

Por otra parte, en el artículo segundo de la norma señala quienes son pasibles a sanciones cuando se cometen delitos de imprenta: “Art. 2. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento: 1o. Los que firmen como autores una publicación; 2o. Los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas; 3o. Los editores”.

Sin embargo, tras la aparición de la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, quienes llevan la peor parte son los responsables de difundir los mensajes y no así quienes cometen el delito en sí, por lo tanto, los periodistas, pero más que todo editores, jefes de prensa y directores tienen sumo cuidado con lo que se publica, al punto que algunas personas pueden acusarlos por censura previa, que se constituye también en un delito según la Ley de Imprenta, por lo que la mentada norma antidiscriminación puso a los trabajadores de la prensa entre la espada y la pared.

El artículo 7 de la Ley de Imprenta señala: “No hay delito de Imprenta sin publicación. Se entiende realizada la publicación, cuando se distribuyen tres o más ejemplares del impreso, o ha sido leído por cinco o más individuos, o se pone en venta, se fija en un paraje, se deja en un establecimiento, se remite por correo u otros casos semejantes.”, por eso en algunos medios se prefiere no publicar algún artículo antes que someterlo a censura previa.

La labor de los periodistas es delicada, pero a la vez es, como la definió Mario Vargas Llosa, “riesgo, audacia y descubrimiento”, una profesión apasionante y noble, es en resumen un apostolado.

Mayo es especial para los periodistas, el 3 del mes se recuerda el Día Internacional de la Libertad de Prensa y el 10, el Día del Periodista Boliviano, momento adecuado para reflexionar acerca de la situación que se vive actualmente en este gremio.

Muchos periodistas fueron agredidos y hasta asesinados, sin embargo son casos que se mantienen en la más absoluta impunidad, porque ni siquiera se siguen las investigaciones, si es que comenzaron. Los casos más emblemáticos en los que las autoridades sí invirtieron energía para buscar una solución fueron el de Hanalí Huaycho, que tuvo un dudoso desenlace y de los hermanos Peñasco Layme, que dio origen a una ley de seguridad para trabajadores de la prensa, la cual posee muchas falencias por las que hasta ahora no es posible ponerla en práctica, pero no se dio con los asesinos ni hay encarcelados por su violenta muerte.

Un caso también conocido, del que siempre se hizo eco la Asociación Nacional de la Prensa es el del periodista Carlos Quispe, a quién se mencionó al comenzar la presente nota.

Como éstos existen muchos otros. Por eso se adecua la definición de Vargas Llosa cuando dice que el periodismo es una profesión de riesgo. También señala que es de audacia, porque para ser periodista hay que ser valiente, pues cuando uno comienza a trabajar en algún medio de información sabe que debe enfrentar numerosos peligros y hasta ver pasar por su lado a la propia muerte, si es que no se encuentra de frente con ella.

En cuanto a las empresas periodísticas, éstas han ido por dos caminos: uno es, la compra de medios privados, que pasaron a manos del poder político o de personas particulares ligadas a esos mismos intereses; el otro es que se ha ido asfixiando a las empresas declaradas independientes, consideradas por el poder como enemigas, a través de medidas económicas y de otra índole, de manera que la amenaza para su cierre está latente.

Las normas que se dictaron desde el poder central están relacionadas al régimen tributario, electoral, de la seguridad social y otras a la publicidad con la que se ahoga a los medios por la vía económica, lo cual repercute directamente sobre los ingresos de los mismos periodistas.

Los periodistas en tiempos recientes, pese a vivir una época de democracia, han visto amenazadas sus fuentes de trabajo y sus vidas mismas, al igual que en la época de las dictaduras, pero no por eso se amilanan, al contrario, se ven fortalecidos, este 10 de mayo, para comprometerse ante la sociedad a trabajar con más ahínco, por el bien de la opinión pública, que es el oxígeno y razón de ser de esta noble profesión.