Jueves 30 de abril de 2015
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El intento de procesar a la periodista Amalia Pando por una supuesta vulneración a la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación es una prueba más de que uno de los objetivos de esa norma es el control de los contenidos que se difunden por la prensa.
No es el primero ni será el último. Todo está enmarcado en la pretensión, no solo del MAS sino de cualquier otra organización política, de controlar al periodismo.
Ese intento de control nació con el periodismo y, en el caso de América, estuvo presente en todas las normas vinculadas a la comunicación. La corona española promulgó hasta 22 leyes que garantizaban la seguridad de la correspondencia y, al mismo tiempo, fijaban nomás y procedimientos tanto para el envío de cartas como para las comunicaciones oficiales con sus colonias. Era, entonces, una eficaz forma de censura.
En Bolivia, la primera Ley de Imprenta fue promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre el 7 de diciembre de 1826 y, más allá de instaurar legalmente la libertad de prensa, lo que hacía era fijar restricciones. Llegaba al extremo de sancionar los delitos de imprenta con “la pena de seis meses a un año de destierro fuera del territorio de la República, y perderán para siempre sus destinos, si fuesen empleados”.
