Como resultado de la aplicación del incremento salarial para la presente gestión y que está definido en 8,5 % a la masa salarial y de 15 % al Salario Mínimo Nacional, por decisión de las autoridades de gobierno y la dirigencia sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), sin participación del sector empresarial privado que pese a sus reclamos no participa de la fijación de la escala salarial, aunque es el que debe cubrir la ineludible responsabilidad social.
Pero el hecho es que tras reuniones sectoriales algunos sectores, como el que pertenece a la Confederación de Trabajadores de Salud Pública, se incluyen a los que trabajan en las cajas de salud y algunos otros centros médicos, plantean que el incremento salarial sea “inversamente proporcional”, tomando en cuenta la escala vigente pero que favorezca de mayor manera a los trabajadores y empleados que ganan menos.
La explicación del sistema inversamente proporcional tiene que ver con la necesidad de que quienes ganan menos deben recibir mayor aumento salarial en relación porcentual a los que perciben mejores sueldos, tomando como parámetro un monto de equilibrio que se fijará solidariamente, para que se eleven los salarios de baja escala y no crezcan descomunalmente los montos considerados excepcionalmente altos.
Sin embargo la medida de orden equitativo que plantean los trabajadores de salud tiene observaciones, pues en el otro nivel de personal del mismo rubro, salud, se encuentra el personal profesional que merece un tratamiento especial que compense, experiencia, especialización, responsabilidad y dedicación, toda vez que los centros médicos carecen de personal especializado, justamente por la baja y depauperada planilla profesional.
Ahora bien, hay sectores muy próximos a la dirigencia sindical que goza de algunos atributos salariales, el caso develado hace tiempo atrás en la minería estatal y las condiciones coyunturales con que se benefician los dirigentes declarados “en comisión”, aparte de algunas otras situaciones que realmente, como se observa en la administración pública, debería merecer la aplicación del sistema inversamente proporcional.
Por otro conducto, que tiene que ver con el sector privado, no se rechaza la medida del incremento pero se observa que su aplicación no haya sido analizada en el esquema de la realidad empresarial, pues una mayoría del sector legalmente establecido atraviesa por severas limitaciones financieras que no son compensadas de modo alguno, al contrario su condición legal es motivo de una serie de obligaciones que no condicen con estratos comerciales que evaden impuestos y no tienen cargas sociales, de ahí que según los empresarios la escala salarial debería estar ligada a la productividad, es decir que a mayor rendimiento, mejores beneficios económicos.
De momento las cosas están definidas en el orden de la gestión en curso y la aplicación del incremento tendrá carácter retroactivo, lo que implica una carga excepcionalmente dura para los privados, pero también para la administración pública y las empresas gubernamentales en las que, quiérase o no, los billetes serán dispuestos con prioridad para salvar la contingencia salarial.
En el otro extremo del sistema un impresionante porcentaje de trabajadores, que no perciben salarios fijos, se ingeniarán para cubrir su aumento de sueldo a través de la elevación de precios en la enorme cadena del comercio gremial y el informal, que de todos modos, no puede eludir la presión alcista de salarios más altos e igual proporción de gastos, la espiral inflacionaria y especulativa no variará, en tanto no se defina una verdadera política salarial y sostenible.
Fuente: LA PATRIA
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