No es absolutamente nada raro que luego de un proceso electoral y en conocimiento de resultados, afloren algunos intentos de desconocer cifras, en algunos casos con justificados argumentos debido a fallas que también se han vuelto comunes en el Organismo Electoral y por lo mismo susceptibles de una serie de errores y enmiendas.
Todo parecería estar consolidado en la mayoría de los distritos, empero afloran algunas denuncias que al no haber sido tramitadas o ejecutadas en su tiempo, pueden tornarse incómodas inclusive para candidatos ganadores, pues de comprobarse situaciones irregulares las mismas deben ser esclarecidas con la oportunidad del caso, en el presente antes de la posesión de los elegidos.
Como el juego democrático está vigente y puede alterarse, los afectados con ciertas denuncias tienen el derecho a la defensa, como ha sucedido en el caso de La Paz, otro tanto en El Alto, donde inclusive se mantiene latente una amenaza directa contra la candidata ganadora, hay un caso en Oruro que puede derivar en situaciones incómodas si se mantiene un enfrentamiento de insospechadas consecuencias.
En todos los casos, lo importante es que se muestren pruebas y no se esgriman elementos “jalados de las hojas” para confundir a la opinión pública y desvirtuar hechos que pueden ser parte de actos dolosos pero que deben ser comprobados y en la instancia pertinente, para no seguir flotando como amenazas de boca en boca.
El multipartidismo salió a relucir nuevamente y ese proceso muestra que para tranquilidad ciudadana la democracia está vigente y permite ciertas transformaciones propias de un proceso que obliga a los electores a utilizar su derecho electivo con mayor objetividad y mejor posición en el esquema político administrativo del país.
Los resultados hasta ahora conocidos son una muestra de que el partido oficialista pese al poderío que ostentaba en el ámbito de las elecciones generales, no pudo sostener tal situación en los comicios sub nacionales y es así que perdió importantes espacios en la administración de gobernaciones y alcaldías.
Lo que sucede es una práctica de mayores derechos ciudadanos respaldados por la propia Constitución Política del Estado (CPE), que señala en su Art. 26 que “ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”. El resultado observado es la práctica de ese derecho ciudadano, aunque no sea el reflejo más fiel de lo que se quiere en comunidad, sino más bien la reacción o rechazo circunstancial de la ciudadanía frente a hechos que molestan por su efecto pernicioso en el manejo de la administración pública.
Lo que viene adelante es todavía preocupante, si bien hay candidatos perdedores que reconocieron el triunfo de oponentes, hay otros que cuestionan el ascenso al control de las entidades superiores por candidatos que “no merecen” ese privilegio debido a pasadas acciones que como sucede con la memoria popular…”se las olvidó en el camino”.
Este es un tiempo en el que se deben limar asperezas, gobernaciones y municipios no deben ser reductos de confrontación, el pueblo quiere trabajo responsable de asambleístas, concejales, gobernadores o alcaldes para atender las demandas y cubrir las expectativas ciudadanas, empezando por solucionar el grave déficit de saneamiento básico y encarar el reordenamiento de la ciudad con obras de magnitud y sin pintura de maquillaje.
Fuente: LA PATRIA
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