Luego de sopesar una andanada de críticas por parte de asambleístas departamentales y dirigentes institucionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó tiempo atrás los estatutos autonómicos que fueron elaborados en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, cuyas autoridades están ahora a la espera de que se defina la realización de las consultas al pueblo a través de referéndums que permitan de manera democrática poner en vigencia las normativas que establecerán en el futuro las actividades administrativas y productivas de cada distrito.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) por su parte en conocimiento de la aprobación pertinente de los estatutos adelantó algunas gestiones luego de reunirse con los asambleístas de los cinco departamentos, para establecer las condiciones en que se realice el referéndum en cada jurisdicción en una misma fecha y bajo la tuición técnica y legal del órgano electoral.
El TSE aún está trabajando con la tabulación de resultados de la elección de autoridades sub nacionales, anunciándose que una vez que culmine tal tarea, en cuestión de los próximos días, se abocará a la preparación de la consulta en cinco departamentos, debiendo solucionar en primera instancia la fecha definitiva del evento que se fijó en 28 de junio pero que podría demorarse por lo menos un mes más.
Uno de los primeros problemas está relacionado con la disposición de los fondos económicos necesarios en cada departamento que deben desembolsar las gobernaciones, situación que es diferente en cada caso y debe pasar por una aprobación de su respectiva Asamblea, garantizando la asignación presupuestaria pertinente para la consulta ciudadana.
En el caso de Oruro que es lo que interesa, se confirma desde la Asamblea Departamental que está aprobado el presupuesto de 4,6 millones de bolivianos para el operativo del referéndum, debiendo efectuarse el trámite necesario para la transferencia de ese monto al TSE. Se aclara que los recursos corresponden a partidas generadas por las regalías mineras y recursos de la gobernación.
Sin embargo, y ese es el hecho preocupante, no hay posibilidades de gastar casi un millón adicional de bolivianos en lo que corresponde a la inmediata fase de socialización del estatuto autonómico en el departamento. Las organizaciones “vivas” del departamento necesitan conocer el texto del estatuto, de modo que pueda darse margen a un proceso de debate para pulir algunas deficiencias si las hubiera, antes de someterse al veredicto del voto ciudadano. Para ese proceso de socialización, deben tramitarse con urgencia 900 mil bolivianos.
El tiempo avanza y los plazos se acortan, como la espera desespera cuando se trata de lograr la aprobación del Estatuto Autonómico que permitirá a los distritos que lo tengan en plena vigencia, encarar sus planes de desarrollo a partir del uso de sus propios recursos, de sus posibilidades de crecimiento efectivo, de asumir responsabilidades para multiplicar proyectos y definir las estrategias que prioricen proyectos que la colectividad los espera desde hace muchos años, especialmente los de salud, crecimiento industrial, seguridad ciudadana y otros que tienen que ver con una verdadera transformación regional.
Retrasar por algunos imponderables la socialización y aprobación del estatuto autonómico constituiría privar al departamento del uso legal y obligado de todas las competencias que le asigna la propia Constitución Política del Estado para su futuro desempeño. Por esas razones valederas, es imperioso que se haga un esfuerzo para disponer de 900 mil bolivianos, sabiendo que 4,6 millones para el referéndum ya están asegurados.
Fuente: LA PATRIA
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