Más allá de justificar causas o el significado de las derrotas de candidatos postulantes, queda claro que se dio cumplimiento al sufragio universal establecido en la Ley Marco de Autonomías. Elegimos mediante el voto democrático a los alcaldes, alcaldesas y gobernadores que representarán el órgano ejecutivo, así también elegimos a los concejales municipales y asambleístas departamentales, quienes ahora ejercerán las facultadas deliberativas, fiscalizadoras y legislativas en el ámbito de cada jurisdicción territorial.
Durante los próximos 5 años, los nuevos gobernantes de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) deben dar continuidad a las tareas arduas de satisfacer las demandas insatisfechas, pues empieza la evaluación al cumplimiento de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y las Leyes Marco de Autonomías y de Municipalidades.
Actualmente en el marco de las normativas vigentes, los municipios reciben transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN), por Concepto de Coparticipación Tributaria (CT), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y HIPC II (producto de la condonación de la deuda externa). En el caso de las gobernaciones IDH, Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) algunas regalías hidrocarburíferas (solo departamentos productores como Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), Forestales (excepto Oruro y Potosí) y Mineras, y del Fondo de Compensación (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).
La tarea difícil que ahora deben asumir las nuevas autoridades de las ETAs es la generación de nuevos recursos propios, su distribución y destino, aprovechando el escenario de la construcción del Pacto Fiscal para impulsar el desarrollo económico local, más allá de lo que hoy recaudan por impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores, por la transferencia de inmuebles y de vehículos automotores, tasas, derechos, contribuciones por mejoras, alquiler de terrenos, tierras o tractores, patentes municipales, multas, intereses penales y otros.
Si bien esa es la lógica del pacto fiscal se anda confundiendo con una nueva redistribución de recursos desde el nivel central sobre todo con los recursos de CT procedentes de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado(RC-IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IRPE (IUE), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), Impuesto a las Salidas al Exterior y los Impuestos a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones).
Hasta el momento, evaluando las propuestas para el pacto fiscal se aprecian posturas claras, cada ETA aspira administrar los recursos recaudados por CT en su jurisdicción pero al parecer desconocen que éstas ya están definidas en las Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta de la Ley Marco de Autonomías: TGN 75 %, Gobiernos Autónomos Municipales 20 % y Universidades 5 %.
Es obvio que tocar recursos de universidades o TGN para beneficio de las ETAs llevará a escenarios de conflictos pues ninguno podrá ceder un porcentaje, si bien los recursos del TGN parecen un colchón fácil de distribuir, dejan de lado que la modificación del mismo implicaría recortes presupuestarios en gastos ya comprometidos por ejemplo en los bonos sociales, el pago de sueldos a sectores de salud, educación y Fuerzas Armadas, el funcionamiento del teleférico en La Paz toda vez que la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” es responsable del uso y destino de los recursos transferidos por el TGN e incluso obras en el marco del Programa Bolivia Cambia del cual son beneficiadas los municipios.
Para finalizar, a fin de no levantar especulación de que la generación de nuevos recursos propios será para el nivel central, aclarar que éste no administra ni distribuye los recursos propios de las ETAs como muchos piensan, recuerdo a usted que desde la consolidación de las autonomías, los municipios y las gobernaciones administran la recaudación de sus recursos propios y gobiernan en su jurisdicción para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, alcanzar la igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones.
(*) Economista
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