Familiares de gobernantes provocan momentos “incómodos” por corrupción
02 abr 2015
Fuente: Bogotá, 1 (EFE).-
Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos “incómodos”, tras ser vinculados a casos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos a sus gestiones.
Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos, que demuestran que la política también puede ser un negocio de familia.
El más reciente tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en Estados Unidos e Irán y que al parecer comparte la titularidad de alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré.
Diferentes sectores de la oposición han pedido que se investigue al hijo mayor de la mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner, quien ha negado que tenga depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.
Por otra parte, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista Cristina Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el Sur de Argentina.
La sociedad Hotesur es investigada por la Justicia por presuntas irregularidades administrativas.
También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, está siendo investigado junto a su esposa, Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada.
El caso en que está involucrado el hijo de Bachelet es un negocio inmobiliario en el que adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de unos los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.
En México, una investigación periodística reveló a finales de 2014 que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que desató uno de los escándalos más sonados de los últimos años.
Las críticas desatadas en torno a la residencia llevaron a Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a hacer pública su declaración patrimonial completa.
Fabio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes empresas que consiguió como propietario de una compañía de desarrollo de juegos de computador cuando su padre, Luiz Inácio Lula da Silva, era presidente de Brasil.
Sin embargo, nunca fue acusado formalmente y los procesados fueron los medios de comunicación que ventilaron el asunto.
En Bolivia, a una empresa vinculada con la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se le entregó la concesión de un contrato de catering de la aerolínea estatal BoA.
La adjudicación, por un valor de 2,5 millones de dólares, fue denunciada en marzo de 2014 por un partido de la oposición.
García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de la “guerra sucia” de la oposición contra el Ejecutivo y defendió la legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de que este no acompañaba su “discurso ético”.
También está el caso del hermano del mandatario de Perú, Ollanta Humala, Antauro, quien paga una condena de 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2005.
El caso de la familia Humala es especial, ya que varios de sus miembros han sido fuertes críticos del propio presidente. Antauro lo tilda de “conserje”, otro hermano dice que quien manda es su esposa Nadine, un tercero ofreció en su nombre negocios en Rusia y su padre lo trata de traidor.
Fuente: Bogotá, 1 (EFE).-
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