Sábado 28 de marzo de 2015
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Dentro del irrecuperable proceso de desintitucionalización que sufre la nación desde enero de 2006, dos son las entidades más despedazadas. Una es el triste Tribunal Electoral de los no notables, cuyos desaciertos han desportillado la democracia construida en tres décadas.
Otra entidad desacreditada es la Contraloría General fundada hace noventa años como parte de la modernización de la República junto con otras referencias de ordenamiento en la administración pública, como el Banco Central o la Superintendencia de Bancos. Desde la aprobación de la Constitución en 2009 se la apoda del “estado plurinacional”, nombre que afectó su esencia.
La CGR tuvo una historia confusa como reflejo de un estado desordenado, incluyendo un contralor- Ustárez- en el narcoestado de 1980 que figuraba en las filas de los paramilitares. Sin embargo, la democracia inició desde 1982 la búsqueda de su institucionalidad y adecuación a la meritocracia en la administración pública y al modelo económico del libre mercado.
La Ley SAFCO de 1990- 92 fue una piedra angular, a pesar de los muchos tropiezos para implementarla, sobre todo los ocho sistemas que la complementan. En 20 años hubo dos contralores institucionalizados, profesionales y capacitados, Antonio Sánchez de Lozada y Marcelo Zalles, quienes no dudaron en emitir informes caiga quien caiga.
