En lo que va del año, poco menos de tres meses, son varios los casos que se han registrado de ataques y múltiples amenazas contra periodistas y medios de comunicación, hechos registrados con mayor incidencia en ciudades de La Paz Santa Cruz y Cochabamba, pero también en las del occidente, donde igualmente se menciona agresiones contra los comunicadores.
Las tareas que realizan cotidianamente los periodistas, especialmente las de investigación de hechos especiales se encuentran protegidas y garantizadas por la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Imprenta y una serie de tratados y acuerdos internacionales suscritos y reconocidos por autoridades superiores del Estado boliviano, por lo mismo en plena vigencia como parte del derecho y respeto a la información plena.
Sin embargo del reconocimiento pleno a los derechos fundamentales de los periodistas y su trabajo a través de los medios, sean estos escritos o audiovisuales, preocupa la escalada de acciones violentas cometidas por algunas autoridades, jurídicas y policiales o por personas que amenazan a los periodistas, pretendiendo acallar en unos casos, entorpecer en otros o más claramente impedir la divulgación de ciertos hechos, utilizando la violencia, la intimidación y hasta el chantaje.
Frente a estos casos, algunos con caracteres alarmantes, cuando se sobrepasa los límites de la legalidad o no se investiga como corresponde las amenazas públicas contra la prensa, conviene recordar a nuestras autoridades de manera general y a la misma opinión pública, que existen instrumentos legales de orden internacional sobre derechos humanos, los mismos que son admitidos por nuestro Estado y que señalan claramente los derechos ciudadanos al apuntar que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, con la aclaración además de que las personas y en este caso especial los periodistas, “no pueden ser molestados a causa de sus opiniones, por investigar o recibir informaciones o por difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”. Para seguridad general, esos conceptos están inscritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo parecería que tales disposiciones son desconocidas para muchas autoridades e ignoradas por otras, incluyendo gente que deliberadamente ataca a periodistas y medios, con el único objeto de evitar ciertas publicaciones que pueden afectar marcados intereses cuando se trata de denunciar hechos de corrupción o de violencia, que son los más repetidos en nuestro medio.
Lo incomprensible es que sabiendo que nuestra CPE establece en su Art. 106 y con mucha claridad que: “El Estado garantiza a trabajadoras y trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la información” existan autoridades que incumplan la vigencia de ese derecho y alteren, premeditadamente el valor de respeto a las libertades de expresión y de prensa, lo que permite a su vez que otras personas asuman actitudes violentas en contra de periodistas y medios.
De acuerdo al detalle que tiene la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), en los últimos cinco años se han producido en Bolivia 200 casos de agresiones físicas, verbales, atentados y amenazas contra periodistas, cuatro de esos hechos han concluido en asesinatos. Lo que preocupa en la actualidad es que en menos de tres meses del año en curso, quince agresiones se han producido en contra de periodistas y ningún caso ha sido esclarecido, pese a que varios agresores han sido plenamente identificados. Un flagrante atentado contra la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
Fuente: LA PATRIA
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