Ya no es una novedad escuchar a las amas de casa, comentar sobre las bondades en unos casos y los riesgos en otros, que confrontan diariamente en los centros de abasto, saturados con una variedad de alimentos de primerísima necesidad a precios que inclusive compiten con los productos que todavía se producen en comunidades del país.
Para algunas amas de casa el asunto va por el gusto y en otra instancia por el precio cuando se trata de aprovisionarse de verduras, tubérculos o frutas, como ejemplo la presencia de otros productos más, como conservas variadas, lácteos y jugos con sello de países vecinos.
En la percepción de algunos compradores la competencia es saludable, pues obliga a los productores nacionales a mejorar la calidad de sus provisiones alimentarias, en tanto que para otros, más directamente los agricultores, la llegada de alimentos chilenos, argentinos o peruanos representa un atentado a la magra economía de nuestros campesinos que viven con el producto de sus cosechas y su comercialización.
La instancia legal de este problema también tiene alternativas especiales pues por un lado, que es el mínimo, se trata de importación legal de cierta línea de alimentos, se supone pagando derechos e impuestos de ley, pero sucede que la mayoría de alimentos, en este caso los tubérculos y las verduras además de las frutas, se produce por la vía del contrabando lo que implica una pérdida de ingresos “legales” para el Estado y una desigual competencia con nuestros agricultores.
El fenómeno que además tiene característica nacional, pues se lo observa en los mercados del occidente, el eje central y en el oriente, debe merecer una atención especial de las autoridades para determinar las causas reales que producen estos cambios en el abastecimiento de los artículos de primerísimo uso cotidiano para la preparación del menú diario.
Un factor sería el crecimiento de la demanda por el aumento de población y un mayor consumo de alimentos, cantidades que no pueden cubrir nuestros agricultores, además de contingencias de temporada como sequías y heladas en algunos sectores o inundaciones en otros, lo que disminuye el volumen de la producción agro ganadera.
Otra situación sería la que detallan los observadores de la migración de pobladores de comunidades hacia las ciudades, es el tránsito o cambio de actividades y estatus de un sector ciudadano que abandona su condición de productor en el campo y se convierte en comerciante formal o informal, pero en las ciudades, dando paso al crecimiento de la clase media en busca de mejores oportunidades sociales.
En ambos casos podría endilgarse al Gobierno la responsabilidad en los cambios, por falta de asistencia oportuna y suficiente para enfrentar fenómenos naturales y restablecer condiciones propicias de producción de modo que no sea la solución abandonar ocupaciones tradicionales para llegar a las ciudades.
Por otra parte y parece que la situación es irreversible, hace que buen número de pobladores, mayoría jóvenes decida buscar otras alternativas de subsistencia en las ciudades, lo que disminuye la fuerza laboral en el campo y por efecto natural la producción de tubérculos, hortalizas y frutas del país.
Es un asunto de sumo interés para el Gobierno y de alta responsabilidad para algunos ministerios que están obligados a planificar estrategias que favorezcan a los agricultores y ganaderos, con incentivos especiales que permitan a esa gente percibir beneficios justos, sin necesidad de abandonar sus comunidades. Grave problema de solución urgente para frenar además la proliferación de productos extranjeros.
Fuente: LA PATRIA
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