Así todo con mayúsculas, como corresponde resaltar un hecho que por esas cosas especiales del calendario no revisado oportunamente, puede pasar sino desapercibidamente, mínimamente en el olvido por desconocimiento de su vigencia.
Si bien se mencionó la celebración en algunas capitales europeas y moderadamente en otras del norte mundial o hacia el otro extremo en las principales ciudades latinoamericanas donde se recordó que el 20 de febrero de cada año, desde que la Organización de Naciones Unidas (ONU) implantó la celebración en 2007, esa fecha se recuerda el Día Mundial de la Justicia Social.
A tiempo de recordar la importancia del cumplimiento de esa norma ética y moral que además es parte de los recursos materiales, del cumplimiento de las obligaciones que definen igualdad de oportunidades y equidad en el tratamiento de las relaciones entre personas, es muy importante relievar el valor que se da a los derechos humanos, como sustento del respeto recíproco entre miembros de una comunidad diversa, pero única en la perspectiva de gozar del beneficio común de la justicia social.
Aunque se pregona machaconamente que existe respeto a las libertades y los derechos de la sociedad, hay hechos que demuestran lo contrario cuando se vulneran los factores de libertad, se limitan las opciones de buscar mejores condiciones sociales o cuando en búsqueda de justicia se denuncian irregularidades y en respuesta se reciben agravios y manifiesta violencia.
Todavía prevalecen en ciertos rubros de la actividad laboral, esquemas de injusticia social, cuando los beneficios salariales no llegan en iguales condiciones a todos los trabajadores o cuando muchos ciudadanos esperan ansiosos la oportunidad de contar con fuentes de empleo seguro para sostener dignamente una familia.
Lo cierto es que el problema social no es enfermedad sólo de nuestro país, es una epidemia que con mayor o menor fuerza ataca a las sociedades de muchas naciones, especialmente de las que tienen dependencia marcada en las condiciones de su propia sostenibilidad, como el caso de los exportadores de materias primas, sujetos al vaivén que imponen las grandes potencias en el control del material que utilizan para competir entre las grandes industrias de los imperios financieros.
Pero también hay otros males que forman parte de la desigualdad social, por ejemplo los hechos de corrupción que corroen las bases de una sociedad, con pocos ciudadanos que gozan de privilegios al amparo del poder político y con muchos que siendo los más desprotegidos no alcanzan a disfrutar del privilegio que impera en las esferas superiores y que lastima las condiciones de justicia que debería ser patrimonio general, mejor si se entiende de la gran mayoría comunitaria.
Lo que se necesita es que los cambios propuestos no sean sólo figuras decorativas de Estado, mas sean parte de la práctica en la aplicación de políticas dirigidas a beneficiar al gran conglomerado social que espera sentir los efectos, como en nuestro caso, de los programas económicos que eliminen las diferencias entre los que perciben salarios dignos y entre los que se las ingenian para llevar el sustento diario al hogar, trabajando en la informalidad.
Estamos frente a la necesidad de que la Justicia Social sea un elemento que se aplica, que se cumple y que es patrimonio común de cualquier sociedad, en base a programas de equidad que sean respuestas precisas a expectativas ciudadanas en pos de vivir mejor, con dignidad y respeto a los derechos humanos.
Fuente: LA PATRIA
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